Dicen empleados de Palacio de Gobierno que si alguien quiere saber cómo van realmente las tendencias electorales en la contienda por la gubernatura, el mejor indicador es el estado de ánimo del colérico gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Y es que según ha trascendido, los que tienen el infortunio de laborar en áreas cercanas a la oficina del mandatario se han percatado de la desesperación que cada vez le cuesta más trabajo disimular, la cual se manifiesta en su iracundo trato hacia algunos de sus colaboradores, y ya ni se diga hacia los incómodos periodistas y medios de comunicación a los que no ha podido cooptar.

Así que esas encuestas a modo que ha mandado a insertar en periódicos capitalinos, en las que Miguel Ángel Yunes Márquez le saca supuestamente más de 5 puntos a su más cercano competidor, o los mítines multitudinarios como el de este domingo en la Macroplaza del Malecón del puerto de Veracruz –donde presumieron haber congregado ¡80 mil simpatizantes!–, al parecer no han sido suficientes para sosegar al temperamental mandatario veracruzano que está obsesionado con heredarle el poder a su primogénito.

¿A qué le teme realmente Yunes Linares en caso de una potencial derrota en la elección del próximo domingo? ¿A ver truncado no sólo su proyecto transexenal que concluiría en el gobierno estatal su otro hijo Fernando hasta el año 2030, sino también su presunta aspiración personal de fortalecerse ante la inminente pugna interna por el control del CEN del PAN luego de la derrota cantada de Ricardo Anaya?

Sin embargo, según parece, el verdadero temor del gobernante panista es que le ganen la partida sus peores adversarios políticos, y que en diciembre le inicien la misma persecución penal que él emprendió en contra de su antecesor Javier Duarte.

Este lunes, por lo mientras, recibió una mala noticia: el Instituto Nacional Electoral y la Auditoría Superior de la Federación acordaron sumar esfuerzos, trabajar de manera coordinada y compartir información para combatir, investigar y sancionar el desvío de recursos públicos a campañas electorales.

Según el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “se trata pues de generar sinergias en materia de fiscalización para que los límites competenciales de ambas instituciones no sean pretextos para favorecer conductas fraudulentas de evasión, corrupción o triangulación de recursos”.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, recordó el caso de la empresa Asismex, sancionado por el INE este año, al acreditarse que esa firma depositó pagos a representantes de casilla de todos los partidos en 2012 dentro de un esquema de empresas fantasma que utilizó el gobierno de Javier Duarte para desviar recursos.

“Sépanlo, actores políticos y servidores públicos: la alianza INE-Auditoría Superior de la Federación llegó para quedarse y dar frutos. Revisaremos las cuentas públicas y las cuentas de las campañas, cruzaremos información y cerraremos el espacio al uso de dinero público para influir en la contienda política”, advirtió.