En plena recta final de la reñida sucesión gubernamental, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró que un juez librara una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador Javier Duarte por su presunta implicación en la desaparición forzada de al menos 13 personas.

Este caso, al igual que la persecución de Karime Macías, la esposa del exmandatario priista, ha generado suspicacias debido a la complicada coyuntura electoral que enfrenta el grupo en el poder que pretende reelegirse a través del primogénito del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; sospechas que parecerían infundadas, ya que las encuestas que de Palacio de Gobierno han mandado a insertar en medios impresos y digitales afines le dan una supuesta ventaja al junior del gobernante del PAN de hasta 8.6 puntos sobre Cuitláhuac García Jiménez, de MORENA, su más cercano competidor.

Si el candidato de la coalición “Por Veracruz al frente” de veras le sacara tan amplia distancia al morenista –quien en otras mediciones, como la última del diario Reforma, únicamente le aventajaba por un punto porcentual (43 contra 42%)–, ¿Para qué seguir pervirtiendo la procuración de la justicia al ejercerla tardíamente y como un espectáculo mediático solo para efectos electorales? Porque la orden de aprehensión girada apenas en contra de Macías Tubilla bien pudieron solicitarla desde hace más de un año, antes de que la cónyuge de Duarte huyera a Inglaterra, igual que debieron proceder por este nuevo delito de lesa humanidad en contra del exmandatario veracruzano al momento de su detención y extradición de Guatemala.

Y es que ahora deberán lidiar con las normas internacionales en materia de extradición, por el llamado principio de especialidad, ya que el país requiriente no puede fincarle acusaciones penales a un acusado sin el aval o permiso del país requerido.

Desde julio de 2017, en un artículo publicado en el diario El Universal, el abogado veracruzano Ignacio Morales Lechuga, extitular de la PGR y exembajador de México en Francia, le corrigió entonces la plana a la Fiscalía yunista al puntualizar que “el gobierno mexicano está impedido de juzgar a Javier Duarte por conductas distintas a las que se establecieron en la solicitud de extradición”, refutando lo que el titular de la FGE, Jorge Winckler, había sostenido en una conferencia de prensa sobre otros presuntos delitos que, según él, sí se le podrían imputar al exgobernador recién extraditado de Guatemala.

“Por la regla de especialidad prevista en el artículo 15 del Tratado de Extradición, las fiscalías federal y local hoy se encuentran limitadas. No podrían imputar otros delitos a Javier Duarte, en consecuencia, pese a todo lo publicado y dicho, el exgobernador (impunidad) ganaría una limpieza jurídica de sus conductas al impedírsele al gobierno actuar en su contra por otros delitos no incluidos en la extradición”, precisó el exrector de la Escuela Libre de Derecho y titular de la Notaría Pública 116 de la Ciudad de México.