La orden de aprehensión solicitada y obtenida apenas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Karime Macías Tubilla pudo haberle representado una gran rentabilidad política a la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares si dicha acción la hubieran ejercido a tiempo, en un mejor momento; sin embargo, por la coyuntura electoral en que actualmente se da –sobre todo ante la complicada contienda por la gubernatura en la que uno de los protagonistas es el primogénito del mandatario estatal del PAN que aspira a sucederlo en el poder–, la tardía persecución judicial emprendida en contra de la cónyuge del ex gobernador Javier Duarte ha sido desvirtuada obviamente por los adversarios del régimen yunista, principalmente por los representantes de MORENA,  quienes consideran que sólo se trata de un “show mediático” y un acto de “justicia electorera” para favorecer al junior del gobernante de Acción Nacional porque aducen que sigue sin despegar en las encuestas.

Y es que, en efecto, a pesar de estar vinculada a la red de lavado de dinero del exgobernador priista, la FGE y la PGR dejaron ir a Karime y a sus familiares desde a mediados de abril de 2017, tras la detención de Duarte de Ochoa en Guatemala. Por esas fechas, la esposa del ex mandatario veracruzano, sus padres Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su hermana Mónica Ghihan Macías Tubilla y su cuñado José Armando Rodríguez Ayache ya eran investigados por la PGR, incluso les fueron aseguradas cuentas bancarias.

Alberto Elías Beltrán, a la sazón subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y actualmente encargado de la PGR ante la renuncia de su titular Raúl Cervantes Andrade, dijo en abril de aquél año que la esposa de Duarte y sus familiares fueron dejados en libertad porque “(Karime Macías) no tiene ninguna solicitud para una detención con fines de extradición”.

“Están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana, entonces ellos pueden moverse libremente en México”, declaró Elías Beltrán en la conferencia que ofreció en la Embajada de México en Guatemala.

¿Por qué la Fiscalía General de Veracruz no solicitó a la PGR que se detuviera también a la esposa de Duarte, si desde un par de meses antes, en febrero de 2017, ya había recibido una denuncia de hechos en contra de la ex presidenta del Sistema Estatal del DIF por el presunto desvío de 41 millones de pesos durante el primer año de la administración duartista?

Según dicho expediente, la institución utilizó el sistema de licitaciones para otorgar durante 2011 contratos a seis empresas que sólo existían en el papel.

Aparentemente, el dinero entregado a esas empresas fantasmas fue para comprar sistemas de purificación de agua, estufones, tanques de gas, mochilas escolares, material deportivo y granjas ecológicas, entre otros productos de los que la nueva administración del DIF no encontró evidencias que comprueben su adquisición, según la denuncia presentada desde febrero antepasado.