Días después de las elecciones municipales de 2017, en las que la alianza PAN-PRD se llevó la mayoría de las 212 alcaldías del estado, alguien le preguntó al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares si estaba satisfecho con la operación electoral que habían hecho los ex funcionarios duartistas que a cambio de impunidad tuvieron que aliarse con él.

De acuerdo con esta versión, el mandatario estatal del PAN habría expresado -palabras más, palabras menos- que sí, que habían respondido bien pero con la advertencia de que “todavía están a prueba”.

Por supuesto que la elección más importante para Yunes no era la renovación de los Ayuntamientos sino su propia sucesión, máxime que desde entonces ya venía operando con las dirigencias nacionales del PAN y PRD -luego sumaría también a Movimiento Ciudadano- la candidatura común a gobernador para su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, quien inclusive metió la mano más que su padre en la selección de los candidatos municipales del blanquiazul y del sol azteca.

Por eso es que a la persecución emprendida contra el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras le han dado varias lecturas, aunque la más común es que tendría un propósito  “electorero”, como lo afirmó también este martes el candidato presidencial de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien volvió a reiterar que los veracruzanos serían “el hazmerreír de México” si votan por el hijo de Yunes Linares.

Otros la han interpretado como una desesperada respuesta de la administración yunista, ante la complicada coyuntura electoral, a la presión que vienen ejerciendo los colectivos de la sociedad civil que desde el sexenio pasado se organizaron para exigir al Gobierno del Estado la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Pero también tendría otra preocupante lectura para los ex duartistas que han sido cooptados o coaccionados para sacar avante el repudiado proyecto nepotista del gobernante del PAN, pues recuérdese que Bravo, antes de que concluyera el sexenio pasado, a finales de noviembre de 2016, habría “cooperado” también con Yunes para, primero, habilitar a su abogado de cabecera Jorge Winckler Ortiz como visitador general de la FGE, con la obvia intención perfilarlo para que sustituyera un mes después al litigante cordobés, quien en enero de 2015 había sido ratificado por el Congreso local para desempeñar dicho cargo constitucionalmente autónomo por un periodo de nueve años.

La presunción de un supuesto acuerdo entre el ex fiscal y Yunes cobró fuerza no sólo por la rabieta que en su momento hizo la diputada local del PAN, Maryjose Gamboa, quien desde esperaba que a Bravo le hicieran un ajuste de cuentas por el proceso penal que en 2015 le inició a la ex funcionaria municipal de Boca del Río que, en presunto estado de ebriedad, atropelló y dio muerte en julio de 2014 a José Luis Burela.

Así que el mensaje de la tardía persecución contra Bravo parecería ser para los ex duartistas: “cooperan” para asegurar el triunfo electoral del primogénito… ¡¡o “cuello”!!