Desde hace un par de años, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, ha venido siendo cuestionada por el monto real de su salario como máxima autoridad de la UV. La última vez fue a principios de septiembre de 2017, luego de que el portal informativo Animal Político publicó que mensualmente percibía 195 mil 348 pesos, lo que la convertía en la académica “mejor pagada del país”, aún por encima de los  rectores del Instituto Politécnico Nacional, UNAM, Colmex y de la UAM, así como de varios gobernadores -incluyendo a Miguel Ángel Yunes Linares, quien nominalmente percibe menos de la mitad: 74 mil 938 pesos al mes- y hasta del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuyo ingreso más reciente era de cien pesos menos que el de la ex directora del Museo de Antropología de Xalapa.

Entrevistada sobre este asunto en septiembre de 2017 en un evento en el Palacio Municipal del puerto de Veracruz, la rectora no quiso revelar el monto de su percepción. “Falso, falso, es falso. No tengo ese dato”, respondió a los reporteros que le preguntaron sobre lo publicado por el portal informativo que en 2016 destapó el caso de las fraudulentas “empresas fantasmas” del ex gobernador Javier Duarte.

“No voy a tener eso como un tema, es una provocación”, respondió molesta, arguyendo que “yo le puedo decir que tengo un salario menor que el que tenía mi antecesor y el que tenía el antecesor de mi antecesor. No quiero manejar cifras porque ustedes están queriendo poner una nota y la Universidad Veracruzana hace mucho más que tener unas notas para vender, disculpen”.

El asunto caló entre la comunidad universitaria, pues a través de la plataforma Change.org, el año pasado un grupo de académicos de la UV recabó firmas para -entre otros puntos- pedir que la rectora bajara su salario.

Este tema ha vuelto a resurgir ya que luego del estruendoso fracaso de la Feria Internacional del Libro Universitario organizada por la UV –hasta la periodista Carmen Aristegui canceló inexplicablemente su asistencia– ha sido filtrada una copia fotostática de la Escritura Pública número 28109, volumen 726, del 30 de octubre de 2017, en la que el Notario Público No. 9 de Xalapa, Arturo Hernández Reynante, da fe del contrato de compra-venta entre seis miembros de la familia Lascurain Rangel, y los esposos Sara Ladrón de Guevara y Guillermo Heitler Aroeste, los cuales compraron y adquirieron para sí mismos, “en partes iguales e indivisas”, la casa y terreno marcados con el número 50 de la antigua Calle Josefa Ortiz de Domínguez –hoy Calle Corregidora–, de esta ciudad capital, con superficie remanente de poco más de 3 mil 547 metros cuadrados.

El precio de esta operación fue por la cantidad de 12 millones de pesos. La solicitud de inscripción en el Departamento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio fue recibida el 02 de enero pasado.