Por las complicidades compartidas con algunos gobernadores corruptos de su partido y su pusilanimidad para actuar oportunamente en contra de ellos –como sucedió con Javier Duarte en Veracruz, factor principal en la derrota del PRI en 2016–, el presidente Enrique Peña Nieto y su cuestionada administración están representando un pesadísimo lastre para su candidato presidencial y para los aspirantes a las gubernaturas que actualmente se disputan en nueve estados.

Este miércoles, Pepe Yunes Zorrilla, candidato de la alianza PRI-PVEM a gobernador, tuiteó que “el artero atentado” de un comando armado contra el regidor de Pánuco, Eslim Mujadí Romero Olguín, “es parte de una campaña de intimidación de cara al Proceso Electoral 2018 y una expresión de impunidad.”

La agresión contra este regidor pepista sorprende porque el gobernador Miguel Ángel Yunes acababa de ser convocado el jueves anterior, junto con otros seis gobernadores del PAN, por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, precisamente para coordinarse mejor en materia de seguridad “a fin de generar condiciones de bienestar para la ciudadanía y el desarrollo de la contienda electoral”.

Y esta reunión se dio justamente el mismo día que en el Senado de la República los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar a la PGR “a ampliar las investigaciones sobre presuntos vínculos de servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz durante la administración actual de Miguel Ángel Yunes Linares con organizaciones del crimen organizado, ante los indicios de la probable relación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública con bandas delictivas que operan en la entidad y transgreden la salud, seguridad, patrimonio, integridad y vida de la población”.

Los senadores del PRI refirieron que en Veracruz “operan diversas bandas delictivas dedicadas a la producción y venta de estupefacientes; al comercio de vehículos robados; a la extracción ilícita de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos; al secuestro de personas y el robo de trenes que transitan por los estados de Puebla, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas”.

“Lamentablemente –remarcaban–, existen indicios de que estas organizaciones del crimen organizado, se han coludido con las autoridades estatales y municipales de diversas demarcaciones, situación que resulta preocupante ya que vulnera la seguridad y patrimonio de la población”.

Y exponían, como ejemplos, dos casos que actualmente sigue la Comisión Nacional de Derechos Humanos: la detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en el municipio de Papantla y de otras cinco en Tierra Blanca, por parte de policías municipales y estatales en colaboración con el crimen organizado.

También referían que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR tiene abierto un expediente contra el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien “tiene una ‘larga amistad’ con la mamá y un hermano de una dirigente de un grupo delictivo, procesada en el penal de Morelos por delincuencia organizada y secuestro y cuya organización tenía influencia en el centro y sur del estado de Veracruz”.