Si el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de veras quiere abonar al triunfo electoral de su primogénito que pretende sucederlo en el poder, tendrá que hacer mucho más que andar condonando a los concesionarios y conductores de los 80 mil taxis de la entidad el cien por ciento del pago de los derechos de control vehicular, actualización y recargos, además de reembolsarles lo que les habían cobrado por el tarjetón de identificación a todos los ruleteros que se registraron en el programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público.

Y es que justo ahora que su administración sigue en el ojo del huracán por el polémico caso de las hermanas Nefertiti y Grecia Camacho Martínez, de 14 y 16 años de edad, acribilladas la semana antepasada en Río Blanco –cuyas muertes la Fiscalía General del Estado las atribuyó al fuego cruzado entre policías estatales y un presunto delincuente con el que supuestamente estaban vinculadas, versión oficial que fue puesta en entredicho por las imágenes que circularon en las redes sociales, las cuales han hecho presumir que al menos una de las adolescentes habría sido ejecutada extrajudicialmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública–, este jueves la FGE desató otra serie de reclamos, sobre todo del gremio periodístico, por el desafortunado manejo informativo del homicidio del reportero Leobardo Vázquez Atzin, asesinado la noche de este miércoles en su domicilio ubicado en una colonia de la ciudad de Gutiérrez Zamora.

A través de caricaturas, memes y manifestaciones en algunas plazas públicas –al menos en Xalapa y Papantla–, comunicadores veracruzanos reprobaron que la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias contra Periodistas tratara de minimizar la labor periodística de la víctima, al resaltar que al momento de su muerte se dedicaba a la venta de tacos en su vivienda.

Y es que en un comunicado oficial emitido este jueves, el fiscal especial Jaime Cisneros González boletinó que “de acuerdo a los primeros indicios recabados, en el momento de los hechos donde perdiera la vida, el hoy occiso se encontraba desarrollando actividades propias de su negocio de elaboración y venta de tacos, el cual se ubica en su domicilio, cuando fue lesionado por personas desconocidas, con proyectiles de armas de fuego, según confirmó la cónyuge”.

Obviamente no tiene la misma repercusión mediática ni similar impacto político la muerte de un taquero que de un periodista. Vázquez Atzin, según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, había recibido amenazas por su trabajo periodístico.

Leobardo es el quinto comunicador asesinado en estos casi 16 meses de la administración yunista. En el sexenio del gobernador Javier Duarte sumaron 17 los periodistas ultimados.

Un caso similar al de Leobardo Vázquez se dio también en el gobierno de Duarte de Ochoa, pues en enero de 2015 se trató de desvirtuar también el crimen del periodista de Medellín, Moisés Sánchez Cerezo, a quien se le trató de identificar como taxista de profesión.