Como es de recordarse, el pasado 06 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las leyes anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz, impulsadas por los gobernadores César Duarte y Javier Duarte, por adelantados, pero además aquí en la entidad jarocha, al invalidarse dicha promulgación quedó también sin efecto la desaparición del fuero constitucional.

El pasado 13 de junio Duarte de Ochoa promulgó la ley anticorrupción que incluía la desaparición del fuero para Gobernador y alcaldes, esta última reforma no tenía razón de ser en el paquete anticorrupción, pero por la premura y urgencia de su publicación, la acomodó en el paquete, y ahora que la Suprema Corte inválido dichas reformas, también ha quedado sin efecto su pretendido despojo de fuero.

Para nadie es desconocido que la urgencia de Duarte por dejar sin fuero al Gobernador, se trataba de un capricho personal, pues la citada medida iba encaminada a una persona, a Miguel Ángel Yunes Linares, lo mismo ocurrió con la premura por el llamado paquete anticorrupción.

A inicio de este mes, el pleno de la SCJN consideró que hubo una “actuación precipitada” por parte del congreso de Veracruz, al aprobar las legislaciones antes de la entrada en vigor de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y es que, como se recordará, los ministros determinaron que sí un sistema se tiene que adecuar a otro, tiene primero que existir el sistema que sirve de parámetro de adecuación.

Fue a principios de Julio cuando el presidente Enrique Peña Nieto, instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de los estados de Veracruz y Quintana Roo, estableciendo que los cambios iban contra el Sistema Nacional Anticorrupción.

Es decir que los Congresos y Gobernadores de dichos estados llevaron a cabo distintas reformas opuestas al espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que resultaba contrario a la Constitución, así es que al declarar procedente la inconstitucionalidad, la Suprema Corte declaró inválidos, en el caso de Veracruz, los decretos 880, 881, 882, 883, 887 y 892.

Es precisamente el decreto 882 publicado el 13 de junio en la gaceta oficial, el que se refiere a la reforma que desaparece al fuero y que también quedó sin efecto por la voracidad del ejecutivo, pues al incluirlo en el paquete anticorrupción éste también fue invalidado, lo cual tiene muy de malas al ejecutivo.

A Javier Duarte no le ha ido nada bien en sus últimos días, pues lejos del repudio social, existe un marcado enojo de la federación por su actuar, lo cual es evidente, pues su actuar fuera de la ley y con marcadas acciones de abuso de autoridad llevó a su partido político la derrota en las pasadas elecciones, colocando al PRI como tercera fuerza política en la entidad.

El desprecio del Presidente hacia el Gobernante ha sido más que evidente y se ha convertido en objeto de burlas en redes sociales y memes que muestran a un Javier Duarte debilitado, ridiculizado y desacreditado, donde ahora, también sus reformas son derribadas pues su actuar es anticonstitucional. ¡Así las cosas en nuestro pobre Veracruz!