Un nuevo golpe al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien ayer recibió la confirmación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la reforma anticorrupción aprobada en el congreso de Veracruz y lo mismo ocurrió con Chihuahua, en resumen se quedo con las ganas de imponer a sus amistades en la famosa fiscalía y en la sala anticorrupción, donde los supuestos magistrados ya hasta habían tomado protesta, aunque respecto a lo ultimo aún existe “esperanza” gubernamental de que se puedan salvar los personajes propuestos.

La anterior resolución se da luego de que la oposiciónseñalara que dichas reformas tenían como único fin, un “blindaje” para los gobernadores salientes, Javier y César Duarte, al señalar que incluían nombramientos a modo para evadir posibles investigaciones en su contra. Respecto de ello la Suprema Corte de Justicia estableció que “los congresos locales violaron la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus facultades para legislar sobre el tema”.

Con dicha resolución quedaron anulados seis decretos, en los que se incluye el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, además de una Fiscalía; sobre ello el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa reaccionó en Twitter refiriendo que acatarán la resolución de la Suprema Corte ¡cómo si tuviera otra opción!, más obvio no podía ser el ejecutivo con su aseveración.

Por cierto, a muchos sorprendió que el propio Dirigente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebrará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar las leyes anticorrupción en los estados de Chihuahua y Veracruz. Enrique Ochoa recordó que en días pasados, el mismo, acudió ante el Senado "a nombre de todos los priistas" a impulsar que la SCJN atendiera estos casos "de manera prioritaria."

Entrevistado por Joaquín López Dóriga, el dirigente priista expresó “hoy celebramos la resolución que ha hecho la Corte de manera unánime para declarar inválidas las instituciones que se aprobaron en Chihuahua y en Veracruz y, en consecuencia, que se construyan sistemas estatales anticorrupción en pleno derecho y como la ciudadanía lo está demandando."

Ante la extrañeza de muchos, el periodista le cuestionó ¿porqué celebrar el fallo de la SCJN contra gobiernos priistas? A lo que respondió "porque los actos de esos dos estados, y de un tercero que es Quintana Roo que dio marcha atrás cuando presentamos la solicitud que se atendieran los asuntos de manera prioritaria, cometieron errores."

Ochoa calificó de importante que las instituciones del Estado actúen en consecuencia y "se reviertan los errores y se creen instituciones que tengan la credibilidad y la confianza de la ciudadanía.

Y es que cabe precisar que aunque los poderes legislativos locales tienen facultades para modificar las leyes de responsabilidades administrativas a nivel estatal, no era posible hacerlas antes de que se aprobaran las leyes federales en la materia “el sistema general necesitaba primero el referente y luego el consecuente", refirieron los magistrados.

Es decir palabras más, palabras menos, era tanta la urgencia de los gobernadores por blindarse que se adelantaron a la promulgación de la ley nacional, realizado modificaciones en los estados con el fin de protegerse imponiendo en las diversas instancias a amistades que evitaría investigarlos por actos de corrupción.

La Suprema Corte resolvió así las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. También impugnó leyes similares promovidas por el otro gobernador derrotado, el priista Roberto Borge, de Quintana Roo.

Y es que, hay que referir que los tres gobernadores tienen señalamientos de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, de ahí la urgencia de los mandatarios por adelantarse a conveniencia puesto que Javier y César Duarte terminan sus encargos en noviembre, mientras que Borge culmina en abril de 2017. ¡Así las cosas con los Mandatarios desesperados y adelantados!