La agresión que sufrieron los pensionados, entre ellos y por obvias razones, personas de la tercera edad es condenable. Lo han estado haciendo diversas voces, ayer lo hizo la iglesia. Pero el tema es más profundo y grave financieramente hablando, que da pie a estos no gratos desenlaces.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos con Fernando Perera Escamilla al frente, al fin dice que atraerá el caso. Si bien estuvo presente en el asunto, ahora asegura estar indagando los acontecimientos con sus respectivas actas.
“Por la trascendencia que tiene el caso ya me están solicitando que enviemos las constancias de todas las diligencias que nosotros levantamos. Dada la trascendencia y la cobertura nacional que tuvo la Comisión Nacional lo está pidiendo y es una facultad que tiene”.
Perera dijo que por tanto corresponderá a la instancia nacional resolver este tema, agregó el entrevistado al puntualizar que la ventaja es que la Comisión Estatal ya tiene avances en los trabajos.
El asunto es que los derechohabientes del instituto ya no pudieron soportar más, tanto o más que el propio gobierno. El IPE se ha convertido en una caja de resonancia a partir de que sus finanzas se han ido a la baja y casi casi al precipicio.
El gasto que representan las pensiones y jubilaciones de cientos de miles de maestros, personal del Estado y municipales, así como de la Universidad Veracruzana rebasa por mucho lo que deroga que las aportaciones de los activos.
Este desfase ha llevado a la debacle al instituto. Apenas en la postrimerías de la protesta que derivó en lamentables hechos, el gobierno habría depositado 700 millones de pesos cantidad que se hizo incluso pública.
Lo que no se debe dejar a un lado es que de acuerdo al déficit que arrastra el instituto hablamos de que requiere algo así como 900 millones de pesos para apenas emparejarse.
Cada mes cuesta el pago en el IPE a las finanzas estatales derogar 420 millones, hace unos meses eran 350. Lo que comparado con las aportaciones lo deja ínfimamente en desventaja.
El gobierno puede depositar y depositar cada mes pero mientras no se logre subsanar el déficit que se arrastra, de nada servirá.
Cada vez que se depositan millones y millones, sigue faltando. El IPE es y ha sido un barril sin fondo.
Aún cuando se sabe de esta problemática, y está claro que hay una seria dificultad por resolver el problema, se le suma a que, según fuentes allegadas al movimiento de protesta de los pensionados, hay infiltraciones con provocaciones para desvirtuar las pacíficas protestas. Sin dejar de lado, la responsabilidad total de los responsables de mantener el orden público.
La toma de vialidades no es parte de las manifestaciones comúnmente. Aunque el hecho no se debe negar. Hay serios faltantes para poder sufragar los pagos. Y por ello la impuntualidad.
El instituto se debe rescatar sin duda. No han sido suficiente los esfuerzos. El gobierno parece tener la intención de que este organismo no se caiga, pero cómo? Es la de los 64 mil pesos.

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