Con el fin de guardar las formas electorales se empecinan en el gobierno y en el PRI en negar que la decisión tomada sobre el futuro candidato a gobernador por dos años es el diputado federal Alberto Silva Ramos.

Se les olvida o no quieren reconocer que la escuela que implantara el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, era que el aspirante a sucederlo es seleccionado desde el primer año de gobierno, en aquel caso del entonces subsecretario Javier Duarte, donde influyó de manera definitiva la señora Rosa Borunda.

Desde el inicio de su administración Duarte de Ochoa visitaba y apoyaba con recursos al nuevo alcalde de Tuxpan, quien por cierto dejó dicho municipio endeudado no obstante que prometió que desde la Coordinación de Prensa y Relaciones Públicas del gobierno del Estado cumpliría sus compromisos.

Alberto Silva es el candidato del PRI para el 2016 y punto. Ha sido el único que le responde a Miguel Ángel Yunes Linares, como un vaticinio de la guerra sucia, que se iniciará a partir del próximo mes de enero.

El mito de la democracia en México se cumple sexenalmente. El elector en Veracruz es una sola persona y es el que maneja los recursos oficiales del estado y con ello se compran votos, conciencias y principios.

Lamentablemente en el PRI como en la mayoría de los partidos políticos todo tiene un precio… y siempre sale barato.

El cuento del Orfis

Habrá alguien de la ciudadanía veracruzana que tome en serio los anuncios del Orfis que revisará a detalle el gasto público de los ayuntamientos. Han pasado los años y no se conoce a ningún funcionario de un municipio importante de la entidad que haya sido castigado penalmente.

Cuando el auditor Lorenzo Antonio Portilla Vázquez declara que “las reglas del Órgano Fiscalizador son claras y que no se trata de sorprender a nadie y que su dependencia se conduce bajo estrictos criterios técnicos”. Sobre todo cuando el funcionario afirma que “el esmero y la pertinencia en la aplicación del gasto se reflejará en obras y servicios de calidad”.

Qué se puede pensar a lo largo y ancho de la entidad cuando no hay ninguna obra y los servicios están para llorar.

Para rematar, Portilla Vázquez. “De la misma forma que ustedes, quienes integramos el Orfis tenemos clara la expectativa social en nuestra labor. Debemos garantizar a la sociedad que sus recursos se ejercen legal y adecuadamente, y que en caso contrario, promoveremos la aplicación estricta de la ley”.

Ni obras, ni servicios, ni funcionarios en la cárcel. Hay que seguir esperando a un nuevo gobierno.

El cosamaloapeño Mauricio Audirac, quien también fuera auditor general del Orfis, es el que paga los platos rotos… por otros motivos.