Se ha estado manejando el continuo desplome del precio del petróleo y algunos bancos aseguran este llegará a los veinte dólares por barril, cuando el presupuesto del gobierno federal lo había fijado en 69.
Lo grave es que el costo de extracción de crudo en nuestro país es de 19 dólares lo que implica que no existirá ninguna ganancia y todas las noticias alegres sobre que se habían encontrado nuevos yacimientos frente a las costas de Veracruz de nada servirán cuando el negocio de Pemex ha dejado de existir.

Si es tan bajo el precio del hidrocarburo no existe ninguna justificación de que sigan vendiendo la gasolina tan cara.

El riesgo que se corre para que las finanzas federales subsistan es aumentando los impuestos y para eso se pintan solos los funcionarios de Hacienda.

Pugna partidista creciente

Con la libertad de expresión que existe en la actualidad en los medios establecidos en el país, es común que varios exgobernadores empiecen a ser acusados de delitos que en el pasado no podían ser expuestos.
El caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ha sido denunciado de lavado de dinero y de otros delitos que podrían llevarlo a la cárcel por 22 años.

Se le pasó la mano construyéndose una costosa presa para el uso particular de su rancho.

El problema es que si meten a la cárcel a este funcionario panista, legisladores y miembros de la cúpula partidista azul van exigir que se tomen medidas judiciales a los exgobernadores del partido tricolor.

El odio jarocho inexplicable

El problema de la clase política veracruzana es que se toman las rivalidades en forma personal. No son simples diferencias partidistas, sino situaciones más serias donde guardan por mucho tiempo acendrados rencores.

No hay explicación alguna para acusar y presentar denuncias con el único propósito de que el adversario político pase el resto de sus días refundido en algún reclusorio, como si este castigo fuera una victoria electoral.

Lo que ha ocurrido en el estado de Veracruz con esta ácida y desagradable pugna del exgobernador Fidel Herrera Beltrán y Miguel Ángel Yunes Linares, heredada por el gobernante Javier Duarte de Ochoa y traspasada al diputado Alberto Silva y al presidente municipal Miguel Ángel Yunes Márquez, que ha provocado una profunda división en pequeños sectores sociales y políticos que no encuentran una razón válida que justifique esta enfermiza antipatía.

Para agudizar más este desaseado choque de intereses políticos involucran a medios impresos donde figuran “Centinela”, publicación del gobierno en turno y el independiente “Notiver”.

Lo publicado sobre costosas propiedades y grandes bienes materiales de estas familias pone en el tapete de la opinión pública que lo único que le interesa a la clase política veracruzana en esta aborrecible pugna familiar es ganar posiciones de elección popular y con ello castigar penalmente a sus rivales y obtener grandes fortunas para su beneficio personal.