El informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el viernes pasado respecto de su visita al estado de Veracruz hizo perder la razón a más de uno. Para un sector del gremio periodístico, enfrentado abiertamente con el gobierno estatal, resultó una terrible decepción de lo que calculaban sería su herramienta sistemática de descalificación por los próximos meses; para los activistas –entre los que también se cuentan algunos reporteros-, se perdió también una oportunidad única por exhibir a nivel internacional al gobernador Javier Duarte.

En ambos casos, quedó en claro que la percepción no corresponde con la realidad, lo que beneficiaría no sólo al gobierno, sino también aquéllos que en Veracruz trabajan, prestan servicios o realizan negocios.

Por supuesto, no se trata de defender la administración de Javier Duarte. Tiene sus errores como en cualquier administración. De algún modo, sea por la Ley o por el juicio de la historia, será responsable de sus errores y pecados. Se trata de revisar, una vez más, el rol que han jugado los medios de comunicación en la percepción que hoy se tiene del estado de Veracruz. Las conclusiones de la CIDH, para sorpresa de muchos, reconocen incluso el trabajo que ha realizado la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), la misma que el propio gremio ha insistido que desaparezca. Frente a eso, la CIDH la reconoce y recomienda que se trabaje en su fortalecimiento y autonomía.
En su informe, la CIDH dijo algo que todos sabemos y nadie ha querido decir abiertamente: “durante la visita se constató que en Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios hacia los periodistas”. ¿Habrá quien diga algo al respecto? Y habrá que preguntarle a los propios reporteros que pesa más, si las condiciones laborales que les obliga a trabajar en varios medios, extendiendo sus largas jornadas de trabajo o los riesgos de seguridad que se puedan presentar en el desarrollo de su trabajo. Ese es un debate que no puede esperar más, si realmente hay un verdadero interés por garantizar la seguridad de los periodistas en Veracruz.

También se menciona algo que pone en contexto la realidad que vive el ejercicio periodístico en Veracruz y muchos estados del país. “En México desde que células del crimen organizado vieron que era rentable meter miedo a los periodistas, se volvió el "modus operandi”. Este miedo es justificado porque en algunos casos se ha pasado de la amenaza al homicidio, como se ha documentado en Veracruz, y por lo que la PGR ha determinado atraer 8 casos. La conclusión a la que lleva el informe de la CIDH es que el Estado o el gobierno no han sido responsables de ninguno de estos lamentables hechos, pero al mismo tiempo, debe responder a su responsabilidad por garantizar que no sucedan. Lo que hoy algunos grupos de activistas dicen y exigen al gobierno contraviene a la justicia que esperan los verdaderos deudos de los periodistas caídos.

De esta forma, el informe de la CIDH fue una terrible decepción para quienes aspiraban a poner sus intereses en el escenario internacional. Para el gobierno, es un punto y aparte, donde tendrá la oportunidad de demostrar que la percepción efectivamente no corresponde a la realidad. La tarea no será fácil, sobre todo, en la víspera de la sucesión.


MUY EN CORTO

ABERRACIONES EN EL IVD

A pesar de que Carlos Sosa Ahumada esté intentando hacer un trabajo que pueda emular en la medida de lo posible lo que durante el “alemanismo” hizo su padre del mismo nombre al frente de la dependencia deportiva estatal, la elección de sus colaboradores no ha sido tan atinada. Y en el pecado lleva la penitencia.

Y es que se habla de un tal Héctor Vite a quien le ha quedado grande el puesto que ocupó Emilio López Valencia en la oficina de Deporte Popular. Se sabe que no gestiona y menos aún promueve actividades de acuerdo a lo que exige el puesto y solo se dedica a reclutar jovencitas como “voluntarias” con la promesa de darles trabajo.

Ya ha habido denuncias públicas de que las “mocha” cuando hay algún evento en el que ellas pueden ganarse un dinerito. Hay que confiar en que se trata sólo de un recorte en sus ingresos o salarios no de otro tipo de petición personal o favores.

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