Hablaremos hoy sobre la situación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada.

Antes de continuar, permítanme decirles que los gobiernos de cualquier país, emanados de cualquier partido, deben dedicarse a gobernar, no a administrar empresas, porque al no ser esta su función primordial, administran empresas bastante mal.

En México, donde la corrupción y la impunidad son muy altas y la rendición de cuentas bastante escasa, la situación se torna mucho más compleja porque los gobernantes ponen a dirigir paraestatales a sus amigos y aliados políticos, a quienes les deben favores. Lo primero que hacen muchos de ellos al llegar al cargo es despedir a los que sí saben y llenar los puestos importantes de cuates, cómplices, pseudoasesores, aplaudidores y hasta carga maletas. Obviamente todo esto con cargo a la nómina que se dispara.

Aunque muchos recién llegados no tengan conocimientos, ni capacidad adecuada para desempeñar medianamente el cargo asignado, reciben sueldos de fábula, como si fueran eficientes y los desquitaran.

Ya en el cargo, las ambiciones se desbordan y comienza el saqueo: llenan la nómina de aviadores y efectúan compras a precios, inflados por las jugosas comisiones que exigen. Lo mismo sucede con los contratos de obra pública.

Para evitar ser sancionados, envían parte del dinero sustraído a las campañas políticas. Así aseguran la protección incondicional de quienes ayudan a ganar elecciones a billetazo limpio.

Para tener de su lado a los empleados sindicalizados y evitar que hagan olas, les otorgan prestaciones laborales fuera de la realidad, que ni las empresas eficientes pueden pagar.

Por eso hay jubilaciones tempranas, sueldos que no se desquitan, días económicos regalados donde los empleados no laboran pero sí los cobran; semana laboral inglesa, quinquenios, aguinaldos de más del triple de los que cualquier trabajador recibe, verdaderos engendros como el pago de 63 días extras al año por supuestas actividades culturales y primas dominicales infladas, canastas navideñas exageradas, primas de productividad que son una burla, porque ésta no existe. Así, cualquier empresa paraestatal va directamente a la ruina.

Algunas paraestatales no quiebran porque son monopolios. Simplemente, al no tener competencia, tapan el déficit aumentando las tarifas o recibiendo subsidios que salen de nuestros propios impuestos.

Por eso, en Estados Unidos el litro de gasolina cuesta 7.71 pesos y en México 13.57 pesos. ¿No es esto absurdo?. Los mexicanos acabamos pagando los platos rotos por la ineficiencia, el saqueo y el despilfarro.

Algo parecido a lo narrado aquí sucedió con el SAS. Simplemente arruinaron y desfondaron al organismo. Lo más grave es que los responsables del desorden, el derroche y el saqueo andan como si nada. Para muestra un botón: Los vales de despensa que reciben los empleados representan nada menos que 70 millones anuales, cifra similar al impuesto predial que recibe anualmente el municipio de Veracruz.

Ahora, la solución planteada por algunos sectores es privatizar el sistema, lo que constituye una posible solución, porque una empresa privada es más eficiente que una paraestatal.

Los empresarios privados contratarían para dirigir al SAS a gente experta y eficiente. Con seguridad despedirían a los aviadores y a los recomendados incompetentes. Conservarían solamente a aquellos empleados que trabajen con seriedad y dieran buenos resultados. También ajustarían las prestaciones desmedidas del personal sindicalizado a niveles acordes con su productividad y con las posibilidades de la empresa.

De llevarse a cabo la privatización del sistema, el servicio que dará SAS seguramente mejorará.

Pero para lograrlo, la licitación pública que deberá hacerse tiene que ser transparente, no dirigida ni manipulada desde las altas esferas del poder y las cláusulas del contrato tendrán que ser claras, justas, equitativas y conocidas por todos, no manejadas en lo oscurito.

Deberán incluir éstas la posibilidad de rescindir fácilmente el contrato por deficiencias en el servicio y aumento desmedido de las tarifas. También la penalización para la empresa en caso de incumplimiento.

No deberá repetirse la triste historia de los parquímetros y del relleno sanitario, donde la comunidad salió perdiendo gracias a la corrupción y complicidad de quienes siendo autoridades, firmaron contratos de prestación del servicio con cláusulas verdaderamente leoninas, que obligan al Ayuntamiento a pagarles millones de pesos a dichas empresas en caso de recisión del contrato por causas justificadas.

Un punto importante a considerar en el caso del SAS es que el agua potable es vital para la higiene, la salud y el bienestar del ser humano. Por lo tanto, entregársela sin restricciones, frenos y contrapesos a una empresa privada, que por cierto, será un monopolio particular, podría resultar fatal si le dejan manga ancha para elevar las tarifas a su gusto.

La experiencia nos dice que algunas privatizaciones amañadas salieron carísimas, porque las empresas beneficiadas mintieron al anunciar que traerían recursos frescos para invertir. Los recursos que invirtieron los sacaron de los mismos usuarios aumentándoles las tarifas como en el caso de ciertos aeropuertos y además algunas empresas beneficiadas con la privatización sacaron del país recursos extras al inventar un elevado pago a sus matrices ubicadas en el extranjero, por una supuesta asesoría técnica.

No queremos que suceda lo mismo con el SAS. Ya se anuncia con bombo y platillo que quien gane deberá invertir en infraestructura mil millones de pesos en un plazo de 10 años. Eso no es nada, son solo 100 millones anuales y ese dinero sale de las mismas tarifas que actualmente pagamos.

Por eso, la comunidad y los organismos que la vertebran deberán estar al pendiente de que si se privatiza el sistema, sea realmente para mejorarlo, no para empeorarlo.

Con tiempo lo advertimos. Los veracruzanos no queremos ya más sorpresas, ni negocios hechos mediante licitaciones a modo, manejadas al amparo del llamado capitalismo de cuates que padecemos. ¿No les parece?

Hasta el próximo sábado