La actividad política cuesta y cuesta mucho. Lo malo es que es dinero que sale de los contribuyentes para sufragar las finanzas de los partidos políticos.
Hubo una ocasión donde se reunieron la gente más rica de México en la casa de don Antonio Ortiz Mena, con la idea original de crear un fideicomiso del PRI, idea del secretario de Finanzas del CEN priista de aquel entonces, licenciado Miguel Alemán Velazco, que costeara los gastos permanentes de ese partido político y los de las campañas de sus candidatos.
Se trataba de una cena presidida por Carlos Salinas de Gortari y el presidente del partido en ese entonces, Carlos Madrazo. Alguno de los presentes filtró la información al periódico El Economista y se habló de un pase de charola de 25 millones de dólares.
Cierta o no, esa cantidad se convirtió en una leyenda, que el “Miami Herald” la trasladó a 75 millones de dólares.
Las finanzas de como se maneja la política siempre será un tema de controversia. Para ser candidato a un puesto de elección popular, se han fijado las tarifas de lo que cuesta para tener posibilidades de ganar en las urnas. De esta función económica la conocen a la perfección Jorge Carvallo y Erick Lagos.
Todo depende del cargo que se busca y de acuerdo a la importancia del mismo es la inversión. Si se trata de una presidencia municipal, la suma se eleva de acuerdo a la representación de dicho ayuntamiento, la tarifa sube si se trata de una diputación local o federal, así como la de un senador o de un gobernador, donde son palabras mayores que se cotizan como si se tratara del lanzamiento de un nuevo producto en la Bolsa de Valores.
Cuánto cuesta a un ciudadano común y corriente ser designado candidato, el valor lo ponen los líderes estatales y es de acuerdo a la importancia del puesto de elección y lograda la nominación lo que tienen que invertir para su campaña.
Hace años, el entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, dijo en su discurso inaugural de campaña que por decisión propia se comprometía hacer públicos los gastos de su proceso electoral.
De esto han pasado más de veinte años y la situación de opacidad y corrupción sigue igual.

Nada ha cambiado en México
Los torcidos caminos para lograr la transparencia de las finanzas de los partidos políticos siguen siendo los principales motivos de denuncias a las violaciones sobre el monto autorizado.
Hoy en el Congreso se está impulsando una profunda reforma política, donde se estudia a fondo la problemática que se enfoca precisamente a que los partidos deben especificar claramente sus fuentes de ingreso y el límite que marca la ley sobre sus gastos en campañas electorales.
La urgencia ética de preservar los partidos y sus candidatos su independencia económica y la sola sospecha de intereses ajenos debe cancelar la legitimidad del futuro representante del pueblo.
No hay duda que una gran parte de las deudas estatales son producto de estos gastos electorales. El propio presidente Peña Nieto no ha logrado sacudirse las acusaciones hechas sobre el excesivo derroche de su campaña.
Resulta preocupante el desmedido interés de la clase política para ocupar el liderazgo estatal o nacional de un partido político. Lo más seguro son las fuertes sumas de dinero que se manejan y de lo cual a nadie se le ocurre pedir cuentas.