• Se instituyen es jueces y violan derechos humanos

Lo consignado ayer en este espacio sobre la improcedencia de la denuncia que el gobierno estatal presentó contra las empresas ferroviarias Ferrosur y Kansas City, como responsables de los hechos de violencia cometidos en contra de migrantes -debido a que con sustento constitucional, la seguridad pública es una función a cargo del Estado, siendo solo una medida escandalosa que busca sacudirse responsabilidades- se asemeja a lo que diariamente realizan con el afán de mostrar resultados, exhibiendo a presuntos culpables, causándoles daño moral.
No se puede ser omiso de lo establecido en nuestra Carta Magna, ni se puede presumir de un estado garante del respeto irrestricto de las leyes, cuando es el mismo Estado el encargado de violentarlas con fines de sobrevivencia o imagen pública, violando así los derechos humanos de los ciudadanos a quienes sin un previo juicio se les exhibe de ladrones, secuestradores, homicidas o delincuentes.
En reiterada ocasiones hemos expresado que al gobernador se le mal asesora como ocurrió una vez más con el caso de los migrantes, pretendiendo sacudirse el problema de las vejaciones cometidas, culpando a las empresas ferroviarias y así diariamente el gobierno a través de su área de comunicación social difunde ampliamente a infractores de la ley, erigiéndose prácticamente en juez y violando las garantías de los ciudadanos a un debido proceso.
El Articulo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro al establecer: “todo ciudadano tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”, quedando así mismo “prohibida toda incomunicación, intimidación o tortura”; así mismo se establece que “la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio”.
De la misma forma en el párrafo IX, del citado artículo, se establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y así podrían relatarse sinnúmero de preceptos constitucionales que impiden que se presuma culpable a una persona hasta que no exista una sentencia emitida por el juez, contrario a la omisión en la que incurren funcionarios de Veracruz, iniciando por el exalcalde de Tuxpan que seguramente, mal asesorado, se instituye en parte acusadora y sentenciadora con comunicados que parecen sentencias.
Seguir actuando solo por aparentar, les puede traer severas consecuencias con escándalos mediáticos y primeras planas, pero sin resultado alguno más que convertirse en la burla de auténticos juristas que observan cómo desesperadamente salen al paso con acusaciones sin sustento, solo para fingir que están haciendo algo, pero culpando a terceros y buscando salir librados de todo señalamiento.
La inseguridad es innegable, así como ocurre con las bandas delincuenciales sobre las que la autoridad no actúa y que diariamente roban, secuestran y asesinan a migrantes, también están las que en par de días pueden robar dos veces el mismo banco y, mientras tanto, en lugar de reconocer la realidad y actuar, se busca evadirla, culpar a terceros o fabricar culpables o, bien, armar escándalos mediáticos que solo distraigan.
La denuncia presentada por el gobierno de Veracruz contra ferroviarias afirma, más no sustenta, una “presunta responsabilidad por acción u omisión en ilícitos y violaciones a los derechos humanos contra migrantes, sobre todo en la zona sur del estado; hay testimonios que indican que personal operativo de los ferrocarriles de estas empresas complacen, ayudan y coadyuvan a que se cometan diversos delitos, desde robo, tráfico de personas, lesiones y hasta extorsiones”. Así con las acusaciones, sin hechos, sin pruebas, ni derecho.

@magzamu