De la camada de delegados federales cuyo padrinazgo se le atribuye al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, el peor ha re¬sultado ser el de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor¬tes, William Knight Bonifacio, quien muy “fidelianamente” se le ocurrió argumentar que el derrumbe de uno de los apro¬ches del puente Tamaca-Paso del Toro había sido ocasionado por una “falla geológica”.
“Yo no sé si así se llama la fal¬ta de supervisión”, dijo en tono irónico el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pú¬blicas del gobierno del estado, Gerardo Buganza Salmerón, al ser entrevistado el pasado viernes sobre lo declarado por el funcionario federal, quien para salir del apuro se atrevió a aventurar que en 45 días quedaría concluida esta obra, iniciada desde 2009, en la que se han invertido 146 millones de pesos y aún no se ha podido concluir.
Abordado en el auditorio de la SIOP, donde se realizaba pre¬cisamente un ciclo de conferen¬cias de la Asociación Mexicana de Inspectores de Obra Pública, Buganza Salmerón añadió que habría que esperar el resultado de la investigación técnica que permita esclarecer los motivos o las causas por las que se dio el derrumbe.
Sin embargo, reiteró que “mi comentario es que es muy importante la supervisión, lo geológico no parece ser un ar¬gumento contundente”, subra¬yó, por lo que adujo que la SCT tendría que responsabilizar a la empresa constructora, ya que hizo notar que del otro lado del puente el aproche construido no presenta ningún problema. “De no ser una falla geológica, sería responsabilidad de quien estaba construyendo”, afirmó.
“Lástima que esta falla geo¬lógica haya provocado que no tengamos ese puente tan impor-tante listo”, expresó de manera mordaz el expanista, pues re¬cordó que originalmente, en la pasada administración estatal, todo ese libramiento de Santa Fe era una obra que llevaba el Gobierno del Estado, pero que por problemas político-técni¬cos, de definición del sentido del puente, no se concretó en su momento y lo asumió como una tarea el Gobierno Federal que ahora preside el priista Enrique Peña Nieto, el cual comenzó a recuperar esa obra que estaba detenida.
El único problema es que el delegado de la SCT es un repre¬sentante de lo peor, de la pasada administración estatal, razón por la que el coordinador de asesores del grupo legislativo del PAN en el Congreso local, Eduardo de la Torre Jaramillo, demandó no solo separarlo del cargo, sino someterlo también a proceso legal por los daños generados en el desplome de este puente.
Y es el exdiputado federal pre¬sentó documentos referentes a la licitación de la obra, mismos que fueron obtenidos en el sitio web COMPRANET. En estos documentos se encontraron diversas inconsistencias, entre ellas que la obra no fue avalada por completo pues no contaba con las firmas requeridas, in¬cluso, ni siquiera participó el organismo interno de la SCT.
En conferencia de prensa, De la Torre explicó que la obra se asignó el 23 de agosto del 2013, por tanto el desplome del puente compete directamente a la ac¬tual administración.
Dentro de las inconsistencias encontradas observó que en la licitación participaron 20 em-presas, pero la obra se asignó al grupo integrado por la Com¬pañía Arrendadora 2005 S.A. y Construcciones Santa Clara S.A. de C.V., que ocupaban el décimo lugar y tenían una dife-rencia de 22 por ciento del costo con respecto a la primera.
Pero lo más interesante, dijo De la Torre, es que la asignación de esta obra solo fue firmada por el delegado William Knight, sin la presencia de los represen¬tantes del Órgano de Control Interno de la SCT, de la Resi¬dencia General de Carreteras Federales del Centro SCT, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, ni de la Unidad General de Servicios Técnicos de SCT.
Por su parte, el diputado local Román Jiménez también pidió que se investigue, ya que sospechosamente el último presupuesto asignado a esta cuestionable obra pasó de 49 a 54 millones de pesos.
¿A poco deveras ahí fue incluido el pago del famoso “diezmo”?
Empoderan a Sousa
Ayer, el gobernador Javier Duarte de Ochoa tomó protes¬ta al abogado y notario porteño Gustavo Sousa Escamilla, como vocal ejecutivo del Fideicomiso del Dos por Ciento a la Nómina, organismo que ahora operará de forma reestructurada y reno¬vada para transparentar el uso de los recursos y aplicarlos de manera eficaz y eficiente.
En su reingeniería, que tam¬bién será de tipo financiera, fueron incluidos los alcaldes de los 11 municipios con mayor de¬sarrollo económico del estado.