A diferencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz que preside Luis Fernando Perera Escamilla –la cual, desde el primer momento en que tuvo conocimiento del secuestro del periodista sureño Gregorio Jiménez de la Cruz giró instrucciones al personal de su Delegación Regional en Coatzacoalcos para que contactaran a los familiares del comunicador “con la finalidad de brindar acompañamiento victimológico, asesoría jurídica y supervisar la actuación de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia encargadas de las investigaciones, quienes ya han puesto en marcha el protocolo para su búsqueda y localización”–, los directivos y miembros de la Comisión Especial para la Atención y Protección de Periodistas no se habían visto en acción.
Al menos hasta la mañana de ayer, en las principales ediciones cibernéticas e impresas locales no se leía ninguna reacción de este organismo autónomo y con rango constitucional creado el año antepasado por el Congreso local a propuesta del gobernador Javier Duarte con el propósito original de defender y garantizar el respeto e integridad física de este diezmado gremio, aunque en realidad surgió como una urgente respuesta política y mediática de la administración estatal priista ante la serie de crímenes de comunicadores iniciada a finales de junio de 2011 con el homicidio del columnista porteño Miguel Ángel López Velasco y su familia.
Dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, a la CEAPP le fue asignado para el ejercicio fiscal de 2013 un presupuesto de 15 millones de pesos, casi 500 por ciento del que ejerció en su último año la desaparecida Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, un Organismo Público Descentralizado creado en 2006 por el gobernador Fidel Herrera Beltrán y extinguido junto con otros 15 OPDs en julio de 2011 como parte del Programa de Reorganización Administrativa que se implementó “para hacer un mejor uso de los recursos y cumplir así con los lineamientos del Plan Veracruzano de Desarrollo”.
Sin embargo, en su último año de ejercicio, la CEDEP solo obtuvo una partida de apenas 2 millones 900 mil pesos, casi 20 por ciento menos del presupuesto proyectado originalmente por sus directivos encabezados por el difunto abogado Gerardo Perdomo Cueto, un exfuncionario de la PGR que contaba con una gran experiencia judicial y oficio político.
Pese a su funcionamiento eficaz y en realidad nada oneroso, la CEDEP fue legalmente extinguida mediante el Decreto VIII para la Organización y Funcionamiento de la Gestión Gubernamental publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 6 de julio de 2011. Pero al año siguiente, ante la crisis de violencia que hasta a mediados de 2012 incluyó la muerte de media docena de comunicadores veracruzanos, el gobierno estatal tuvo que reinventar la Comisión Especial para la Atención y Protección de Periodistas con un presupuesto que quintuplicaba el último monto anual autorizado al extinto organismo dirigido por Perdomo Cueto, en cuyo último informe rendido ante los miembros de la Junta de Gobierno reportó que al 31 de marzo de 2011, durante los cinco años que llevaba operando, habían atendido 193 asuntos que involucraron a 200 periodistas del estado, detallando que había 111 denuncias presentadas ante la autoridad ministerial por agravios en contra de comunicadores, de las cuales 88 fueron resueltas por diferentes motivos y 23 continuaban en trámite.
Con este nuevo caso de la desaparición del reportero Gregorio Jiménez, algunos destacados comunicadores han propuesto cerrar la CEAPP.
Ayer, por ejemplo, el reconocido columnista Arturo Reyes Isidoro, autor de “Prosa Aprisa”, volvió a insistir que ahora que también “se aplican medidas de ajuste económico en la administración pública estatal, este hecho debiera ser el mejor pretexto para desaparecer la inútil y costosa para el erario público Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, que no sirve para nada”.
Y es que desde su creación, la CEAPP se vio envuelta en situaciones polémicas no solo por la mezquina disputa de los recursos entre sus propios miembros sino también por la cuestionable actitud de sus directivos que se han mostrado timoratos o muy lentos para enfrentar las agresiones de funcionarios contra algunos reporteros, y sobre todo para blindar el trabajo profesional de éstos de las amenazas y atentados del crimen organizado, como acaba de ocurrir nuevamente con el reportero policiaco de Coatzacoalcos .
El colmo se dio el 5 de agosto de 2013, cuando el periodista Jorge Morales, uno de los consejeros de la propia CEAPP, fue agredido física y verbalmente por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Daniel Ruiz Morales, durante una sesión del TEEV que el reportero cubría por el recuento de votos de la elección municipal de Huatusco.
Ciertamente no se trató de un hecho grave, pero lo cuestionable fue que la CEAPP nunca aclaró si dejó pasar este bochornoso incidente considerándolo como algo “normal” o si reconvino formalmente por su intolerante actitud al magistrado electoral. Y como este caso hubo otros más en que se mostró sumamente tibia también para reconvenir a funcionarios, sobre todo del área de Seguridad Pública, que de distintas maneras atentaron contra diversos comunicadores.
La CEAPP debería desaparecer, pues solo representa un laste financiero para el endeudado gobierno estatal, pero en la coyuntura actual, tras la desaparición del reportero Gregorio Jiménez, políticamente no resulta conveniente para la imagen gubernamental.