Después del secuestro y muerte del joven cantante David Gibrán Martiz Díaz, ex concursante del reality musical “La Voz México”, de Televisa, en Veracruz se han suscitado en el transcurso de las últimas dos semanas otro par de sucesos que mediáticamente vuelven a poner en evidencia el trabajo que en materia de seguridad pública logró hacer durante 2013 la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa para abatir los índices en delitos como robo con violencia, homicidio doloso y extorsión, aunque en el de secuestros, la entidad veracruzana sigue por arriba de la media nacional.
Y es que hace seis días, el pasado viernes 31 de enero, fue secuestrado el sacerdote Juan Cornelio, quien fue sacado de la casa parroquial de María de la Torre, congregación del municipio de Martínez de la Torre, sin que hasta la fecha se tengan noticias del paradero del clérigo perteneciente a la Diócesis de Papantla.
Y ayer, en el puerto de Coatzacoalcos, fue reportada la desaparición del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero policíaco de diversos medios informativos sureños, quien fue sacado de su domicilio particular la mañana de este miércoles y subido a una presunta camioneta gris que tomó rumbo desconocido.
Estos casos contrastan con la percepción boletinada el pasado lunes por Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, quien durante una conferencia de prensa a la que expresamente convocó en un popular café del puerto jarocho, afirmó “que la seguridad de los veracruzanos está garantizada”.
Lo dicho por el representante de las iglesias evangélicas parecía un intento por desmentir o evidenciar lo difundido el domingo anterior en el mensaje semanal de la Arquidiócesis de Xalapa, cuyo vocero oficial, el sacerdote José Juan Sánchez Jácome, había establecido que “en muchos casos la percepción de los ciudadanos respecto al clima de violencia difiere mucho de los pronunciamientos oficiales y no simplemente por la psicosis que se puede crear o por los falsos rumores de gente irresponsable, sino por los casos de inseguridad que enfrentan todos los días”.
El presbítero católico sostenía que “la sociedad tiene que convencerse que se está actuando con determinación y no solo para proteger la imagen”, por lo que planteaba a las autoridades que “reconocer oficialmente los hechos delictivos no debilita al gobernante, sino que lo muestra como un líder sensible y comprometido”.
Ayer, otra voz, la del comandante de la Tercera Zona Naval, Enrique Burguette Keller, lamentaba que algunas personas buscaran desestabilizar a Veracruz y desacreditar a las instituciones en el tema de seguridad, cuando “las estadísticas del índice delictivo, las denuncias ante el Ministerio Público, el nivel de percepción de la seguridad en la zona está muy claro, hay un entendimiento muy claro de las cosas que pasan en Veracruz, en el puerto se puede desarrollar las cosas, no tenemos que andar armados en las calles, podemos disfrutar de la ciudad”.
Entrevistado al término de la ceremonia del 97 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, el representante de la Armada de México en el estado declaró que “hay gente mal intencionada, (que) busca desacreditar el magnífico trabajo que se tiene en Veracruz donde es un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel nacional en seguridad”.
Sin embargo, otro prominente miembro de la Iglesia católica, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, había advertido el pasado 20 de enero que en materia de seguridad no se puede cantar victoria en el país ni en el estado, “pues siguen los casos de extorsiones, de secuestros exprés”.
Y reprobó que muchas veces se quiera “acallar a los medios para que no se den a conocer, eso es malo, porque prácticamente estamos engañando al pueblo, pensando que todo está seguro y no está tan seguro.
Pienso que si la realidad es cruel tenemos que conocerla para defendernos de esta situación”. El malestar del jerarca católico databa desde mayo de 2013, cuando a raíz del secuestro de dos seminaristas y la extorsión del administrador del Seminario diocesano, había dicho que si bien se ha notado un avance en el combate a la delincuencia organizada, aún veía muy lejano que Veracruz recupere la calma que necesita para garantizar la seguridad de todas las personas.
Lo dicho por el obispo jarocho coincide con lo recién expuesto por el vocero de la Arquidiócesis xalapeña, quien planteó que “el imperativo, pues, para un gobernante tiene que ser la protección de la sociedad, más que la protección de la propia imagen”.
Es innegable que en la entidad veracruzana se ha avanzado en materia de seguridad. Atrás quedaron los violentos escenarios de 2011 y 2012.
Pero como lo reconoció primero en Morelia, Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , hoy Veracruz y otros estados viven “una realidad completamente distinta, que no resuelta”, lo que de alguna manera refrendó el propio gobernador Duarte de Ochoa en la ceremonia de graduación de los 883 nuevos policías acreditables el pasado 14 de enero en la Academia de El Lencero, donde precisamente resaltó que aunque la incidencia delictiva ha descendido notablemente en Veracruz, ello no quiere decir que se vaya a bajar la guardia.