Si el esquema político del gobernador Javier Duarte de Ochoa no se modifica de aquí a un año, entonces habrá que estar muy atentos para ver con qué nivel de colaboradores decide cerrar su administración el mandatario estatal.
Y es que, como ya todo mundo lo sabe, en el gabinete duartista se abrirán algunos relevantes espacios debido a que por lo menos cuatro secretarios de despacho serían postulados como candidatos a diputados federales en el proceso electoral de julio de 2015.
Hasta ahora se da como un hecho que el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, sería nominado por el distrito de Acayucan; que Alberto Silva Ramos, de Desarrollo Social, realizaría campaña en Tuxpan; que Adolfo Mota Hernández, de la SEV, iría por el de Xalapa-Rural, y que la titular de Protección Civil, Nohemí Guzmán Lagunes, muy posiblemente contendería por la circunscripción de Coatepec.
Obviamente, todas estas posiciones son relevantes, no solo la que tiene que ver con la gobernabilidad, pues hasta entregar despensas, láminas de zinc y pisos firmes tiene su chiste por la rentabilidad política-electoral.
Y ya ni se diga la labor gubernamental de asistir, proteger y prevenir a la población de todo tipo de fenómeno meteorológico o desastre natural. Hasta el sucesor de Mota en la Secretaría de Educación deberá ser alguien con probado oficio político que pueda seguir capoteando a los radicales grupos del magisterio, que por el resto de este sexenio seguirán rechazando la reforma educativa federal, cuyas leyes secundarias habrán de armonizarse con las del estado.
Sin embargo, las dos áreas en las que Duarte de Ochoa no debe bajar la guardia son las de Seguridad Pública y Procuración de Justicia que hoy en día están en el ojo del huracán.
Todavía faltan poco más de dos años para definir su sucesión, pero los grupos de poder de adentro y fuera del PRI comienzan a presionar apostándole a la descomposición del estado en demérito del gobierno duartista, que ya de por sí carga con el descontento de proveedores, contratistas y de la burocracia que se han visto afectados por retrasos en los pagos, recortes de plazas y salarios, a consecuencia de la abultada deuda financiera heredada por el fidelato.
En los primeros dos años de su administración, Duarte supo resistir y sobreponerse a la desbordada violencia que le significó enfrentar a los grupos delincuenciales enquistados en la entidad. Y lo pudo hacer aún con el recelo político-partidista del presidente Felipe Calderón, quien gobernaba como exdirigente nacional del PAN.
Ahora el escenario es aparentemente más favorable, pues en la Presidencia de la República despacha un priista aliado: Enrique Peña Nieto. Y la Secretaría de Gobernación, que en este sexenio ha vuelto a operar la seguridad pública del País, está a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, quien en las últimas dos visitas al estado reconoció públicamente la coordinación y el trabajo del gobierno de Duarte de Ochoa con la Federación para abatir los índices de criminalidad en Veracruz.
Sin embargo, el mandatario veracruzano y sus colaboradores no pueden ni deben echarse a retozar, confiados en las estadísticas oficiales proyectadas por la Segob con información de las Procuradurías estatales, ya que muchos de los delitos que se cometen no quedan registrados en las agencias del Ministerio Público del fuero común, porque la mayoría de las víctimas no se presentan a denunciarlos formalmente.
Quién sabe qué información le proporcionen sus subordinados al jefe del Ejecutivo del estado, pero en la entidad siguen creciendo los secuestros, las extorsiones y el cobro de derecho de piso por grupos criminales.
En Xalapa, un expendedor de aparatos ortopédicos ya cerró sus dos locales después de haber sido “levantado” en Banderilla y pagar rescate, mientras que a un modesto restaurantero de comida china le fijaron el pago de 10 mil pesos mensuales. Como estos, hay decenas de casos más.
Javier Duarte aún está a tiempo de retomar el control de la situación y evitar que sus enemigos políticos sigan apostándole a la “michoacanización” de Veracruz, difundiendo versiones de la aparición de supuestos grupos de “autodefensas” que ya el secretario de Gobierno, Érick Lagos, se ha encargado de desmentir.
Y es que, afortunadamente, Veracruz todavía no llega a los niveles de inseguridad de Michoacán. El 27 de noviembre de 2013, en un acto en Morelia donde acudió a presentar el plan de rescate financiero estatal, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo sin medias tintas que “hoy en Michoacán está amenazado el Estado Mexicano, está amenazado el Estado de Derecho, y estamos enfrentando uno de los grandes retos que tiene la Nación”.
Por eso, según trascendió, en la reciente boda del director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, primo segundo de Peña Nieto, el comisionado federal en Michoacán, Alfredo Castillo, fue obligado a regresarse a tierras purépechas diez minutos después de haber cruzado palabra con el Presidente, no obstante que es familiar de la novia Fernanda Castillo.