Desde anteayer, con la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, varios exfuncionarios federales del PAN –entre ellos Miguel Ángel Yunes Li¬nares– deben estarse tronando los dedos por lo que ministerialmente pudiera declarar el líder del cártel de Sinaloa, quien el 19 de enero de 2001 escapó inexplicablemente del penal de alta seguridad de Puen¬te Grande, Jalisco, y durante las administraciones panistas de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón no pudo ser recapturado pese a que muchos sabían cómo y por dónde se movía este narco¬traficante que la revista Forbes incluyó en su lista de los más ricos del mundo.
En abril de 2009, por ejemplo, el arzobispo de la Arquidiócesis de Durango, monseñor Héctor Gon¬zález Martínez, declaró que “más adelante de Guanacevi (entre los límites de Durango y Chihuahua), por ahí vive ‘El Chapo’, todos lo sa¬bemos, menos la autoridad”.
Tres años antes, en febrero de 2006, José Antonio Ortega Sán¬chez, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Coparmex, acusaba que “es evidente que hay una protección (a Guzmán Loera)...
Pareciera que es el narcotra¬ficante protegido por las autori¬dades que tienen la obligación de detenerlo. Da la impresión de que la lucha contra las drogas sólo se carga a una organización y no a todas... A ‘El Chapo’ no le pegan ni con el pétalo de una amapola”.
El 19 de enero de 2001 el líder del Cártel de Sinaloa escapó mágica¬mente del penal de Puente Grande con la presunta colaboración de sus ujieres en la Secretaría de Seguri¬dad Pública federal, específicamen¬te en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que encabezaba Yunes Linares en la administración del presidente Fox.
Y es que existen versiones de que un trimestre antes de la fuga del “Chapo” Guzmán, las autoridades federales fueron advertidas sobre el plan que preparaba el narcotra¬ficante; sin embargo no se tomó ningún tipo de previsión. El 22 de octubre del 2000, un interno del penal llamó a la Dirección de Pre¬vención y Readaptación Social para denunciar el plan de fuga de Guz¬mán, Héctor “El Güero” Palma, y Arturo Martínez, “El Texas”; el tele¬fonema, según la UEDO, fue recibi¬do por una funcionaria de ese lugar, de nombre Sandra Ortega Rivas, a quien en el sexenio calderonista Miguel Ángel Yunes designó titular de la delegación regional norte del ISSSTE en el Distrito Federal.
El asunto se archivó. Jorge Tello Peón, en ese momento titular del CISEN, y Enrique Pérez Rodríguez, a la sazón director de Prevención y Readaptación Social y en 2009 delegado del ISSSTE en Veracruz, conocían el caos que prevalecía en ese CEFERESO. Según versiones periodísticas, Pérez Rodríguez, secretario particular de Yunes en la Secretaría de Gobierno del estado (1992-1997), permitió personal¬mente irregularidades y se opuso a la reubicación de Joaquín Guzmán. En esa ocasión, Enrique Pérez fue acusado directamente por el en¬tonces subdirector de Seguridad y Custodia del penal, Antonio Agui¬lar Garzón, versión que cuadra con las ofrecidas por otros custodios.
La fuga de “El Chapo” Guzmán se realizó cuando el director del pe¬nal era Leonardo Beltrán Santana (sentenciado a 18 años de cárcel), amigo también de Yunes. Asimis¬mo, cuando se dio el intento de fuga de “El Güero” Palma, de ese penal en diciembre de 2002, el director del mismo era Alfredo Lara Gue¬rrero, otro cercano al ex titular del ISSSTE.
En la página 33 de su libro “Máxi¬ma seguridad: Almoloya y Puente Grande”, Julio Scherer García, fun¬dador de la revista “Proceso”, cita la entrevista que tuvo con Evaristo Nucamendi Barradas, quien señaló directamente a Enrique Pérez como el artífice de la fuga de Guzmán: “Un día vino Pérez Rodríguez (a Puente Grande) y la fuga fue al día siguiente.
“Yo no estuve presente, dicen que llegó y le dijo (a Joaquín Guzmán): ‘prepara a dos de tus gentes porque te voy a mandar al COC. Hay dema¬siada presión y ya no te puedo tener aquí. Agarra a dos gentes para que te acompañen’ ”.
Otro de los implicados y senten¬ciados por la fuga de “El Chapo” es Luis Francisco Fernández Ruiz, (a) “El Celaya”, en ese momento coman¬dante de custodios en el CEFERE¬SO de Puente Grande y exauxiliar de Juan Herrera Marín cuando éste fue titular de la DGSPE en la época de Yunes Linares como secretario de Gobierno de Veracruz, quien posteriormente lo llevó al área de prevención federal. A Fernández Ruiz se le acusó de ser el principal protector del narcotraficante. Se¬gún archivos hemerográficos, esta persona habría recibido 10 mil dó¬lares mensuales de cada uno de los tres capos (“El Chapo”, “El Güero” y “El Texas”).
Una versión apunta que la fuga de Guzmán Loera habría sido con¬certada con el equipo de Yunes a través de Albino Quintero, amigo y operador del “Chapo”, a quien el ex priista habría conocido desde 1992. En 2004, la revista “Proceso” estableció el presunto nexo de Yunes con Quintero Meraz basado en de¬claraciones de testigos protegidos y documentos de la DEA. Según versiones periodísticas, entre 1995 y 1996 el funcionario chirinista habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante co¬mo pago por “protección”, como fue registrado en un corrido norteño de “Los Tucanes” de Tijuana.
Por eso no es casual que anteayer el periodista Jacobo Zabludovsky escribiera en su cuenta de twitter @ JcbZabludovsky: “Piden EU inves¬tigar a Miguel Ángel Yunes Linares por nexo con la fuga del #Chapo en 2011"