Es voz pública que durante las administraciones panistas de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se había protegido al cártel de Joaquín el Chapo Guzmán. Calderón Hinojosa siempre lo negó. Aprovechaba las diferentes conferencias de prensa donde él mostraba un peculiar interés por salir del paso de las cada vez más frecuentes imputaciones, al grado que interrumpía a los reporteros y negaba que protegiera al cártel de Sinaloa, asegurando que su gobierno atacaba indiscriminadamente a todos los grupos criminales “llámense verdes o llámense rojos, llámense del Pacífico o del Golfo”. Ya hasta se sabía de memoria los nombres de los presuntos capos al servicio del Chapo.
El expresidente intentaba sacudirse las críticas de su compañero de partido el diputado Manuel Clouthier, quien aseguraba “que se han golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional el combate contra el de Sinaloa, donde no se tocaba a los traficantes ni con el pétalo de una rosa”.
Con la detención del líder del cártel del Pacífico, el panorama se va a empezar a clarear si la fuga protegida de Puente Grande, va a distinguir si el Chapo fue realmente el capo del panismo.
Todas las versiones confirman con la captura del delincuente más buscado en el planeta fue con la intervención del gobierno de los Estados Unidos, lo que permitieron rastrear un teléfono satelital del Chapo que originalmente pertenecía al cordón de seguridad de Ismael El Mayo Zambada. Los servicios de inteligencia estuvieron monitoreando ese número que fuera utilizado el día trece de febrero por Guzmán Loera en Culiacán cuando escapaba.
El Chapo Guzmán no sabía que ese celular podía ser detectado por agentes de los Estados Unidos y al prenderlo en Mazatlán aviones no tripulados de la DEA lo ubicaron y permitió que las fuerzas federales lo localizaran y lo detuvieran.

Limpiar la imagen

Como todos los gobiernos del PRI tanto federales como estatales es importante en su quehacer político y para dejar claro su posicionamiento dar periódicamente un “manazo”, donde se sacuden a funcionarios indeseables que afectan la imagen o detienen a personajes que parecieran intocables.
Así lo hiciera Carlos Salinas con el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia y Enrique Peña Nieto con la profesora Elba Esther Gordillo y con la orden de aprehensión en contra del empresario Gastón Azcárraga, exdueño de la Compañía Mexicana de Aviación.
El exgobernador Fernando Gutiérrez Barrios con la detención del cacique del sur del estado, Cirilo Vázquez Lagunes. También Agustín Acosta con el abogado Ignacio Morales Lechuga inició la persecución de funcionarios del gobierno de Rafael Hernández Ochoa.
Para terminar con el grave delito de la corrupción, el actual gobierno de Javier Duarte de Ochoa será básico que ponga un ¡Hasta aquí!, en esta segunda etapa de su administración, ante la serie de denuncias que se han presentado en varios medios sobre el brutal enriquecimiento de algunos miembros de su gabinete. Se mencionan hasta la existencia de aviones privados.
La importancia de dejar una buena imagen de transparencia será siempre bien reconocida por los gobernados.