El viernes pasado, al inaugurar la nueva Ciudad Judicial en Córdoba –cuyas instalaciones constan de dos Juzgados de Primera Instancia, un Juzgado Menor en Materia Civil, una Sala de Juicio Oral Ordinario Mercantil y ocho Salas de Juicios Orales–, el gobernador Javier Duarte de Ochoa afirmó que “en Veracruz la ley se cumple sin excepciones, preferencias o demoras, porque solo así podremos formar la sociedad justa, democrática y próspera que todos queremos”.
La expresión del mandatario veracruzano, según algunos acuciosos intérpretes, habría significado la última palada de tierra para la alcaldesa saliente del puerto de Alvarado, la priista Sara Herrera Cano, señalada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como presunta autora intelectual del homicidio de Michel Martínez Corro, un joven de 27 años de edad que hasta el 29 de julio de 2013, día en que desapareció, fungió como su secretario particular.
La semana anterior, la edil alvaradeña compareció ante los diputados que integran la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura local para abogar por su reiterada inocencia y evadir su desafuero, aunque dicha inmunidad solo podría mantenerla por 28 días más ya que su administración municipal concluye el 31 de diciembre próximo. Así, pues, la priista difícilmente evitará ser sometida a proceso penal.
¿Por qué entonces la premura por desaforarla y obligarla a que comparezca ante la ley? Independientemente de que existe una sólida investigación de la PGJE que involucra a Herrera Cano en el crimen de Martínez Corro y otros más –entre ellos el del expolicía municipal Pablo Severino–, todo hace suponer que en Palacio de Gobierno se ha tomado la decisión de que se actúe de una vez contra la alcaldesa del PRI porque en el inicio del año entrante van a proceder legalmente también contra decenas de autoridades municipales de otros partidos políticos que están por concluir sus funciones, a los cuales el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) les ha detectado graves irregularidades administrativas que representan un serio daño patrimonial para los ayuntamientos que aún están a su cargo.
Muchos quizá no se acuerdan, pero en enero de 2011 el gobernador Duarte de Ochoa asumió una decisión similar. En aquella ocasión, la PGJE giró órdenes de aprehensión en contra de 33 exalcaldes y 82 exfuncionarios municipales por presunto daño patrimonial en 33 municipios. El monto de los desvíos superaba los 67 millones de pesos.
Uno de los primeros detenidos fue el exalcalde de Tecolutla, Fernando Hernández Méndez.
Esa vez, sin dar mayores detalles, ya que el asunto estaba en manos de la PGJE, el entonces secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, se concretó a decir que esta acción era “una muestra clara de que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa hay orden, disciplina y transparencia y no se permitirá quede impune el desvío de recursos públicos”.
Aparte de Tecolutla, otros de los 33 municipios donde se comprobó daño patrimonial causado en el trienio anterior se encontraban los de
Mecayapan, Texistepec, Nautla, La Perla, Rafael Delgado, Saltabarranca, Zozocolco, Chiconamel, Álamo, La Antigua, Rafael Lucio, Las Minas, Tlacojalpan, Lerdo de Tejeda, Tres Valles, Otatitlán, Uxpanapa y Acula.
Se trataba también de exfuncionarios municipales de diferentes partidos políticos que en su momento fueron denunciados por el ORFIS por el delito de daño patrimonial. En su mayoría eran exalcaldes, exsíndicos, extesoreros y en algunos casos exregidores de las pasadas comunas.
Así que una vez que “Zarita” –con Z, como la motejaron sus propios correligionarios priistas por sus presuntos vínculos con un grupo de la delincuencia organizada– sea procesada penalmente, los demás munícipes que están por salir también deberán de ir poniendo sus barbas a remojar, sin importar el partido en el que militan ni los padrinos políticos que los protejan.
Por eso el PRI ha expuesto públicamente y está por sacrificar a su primera alcaldesa antes de que concluya su periodo constitucional.