Entre algunos miembros del gabinete duartista Gerardo Buganza Salmerón, actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas, es conocido como “Torquemada”, en alusión a Tomás de Torquemada, un fraile dominico castellano, confesor de la reina Isabel la Católica y primer Inquisidor General de Castilla y Aragón en el siglo XV.
Sin embargo, el mote no se debe a que Buganza sea un declarado practicante del catolicismo sino a su bien ganada fama de servidor público intransigente cuando se trata de imponer orden en lo administrativo y de aplicar la ley sin miramientos a quienes atentan contra los legítimos intereses de las instituciones del Estado y derechos del pueblo veracruzano. Ese, al menos, fue el estilo que lo caracterizó en la primera mitad de este sexenio como secretario de Gobierno, y ahora como titular de la SIOP.
Precisamente, el pasado miércoles 27 de noviembre, al comparecer ante la LXIII Legislatura del estado para la glosa del tercer informe del gobernador Javier Duarte, el ex senador y ex diputado federal del PAN –partido al que renunció hace más de tres años decepcionado por el dedazo del presidente Felipe Calderón a favor del entonces director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, cuya gestión es actualmente investigada por la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pública a solicitud del grupo legislativo del PRI en el Senado de la República– informó sin cortapisas de las recientes acciones legales emprendidas por la dependencia a su cargo, pues precisó que existe un listado de obras que todavía no se han concluido desde los desastres naturales ocurridos a finales de 2010 y cuyo daño patrimonial asciende a 170 millones de pesos, razón por la cual se han presentado 18 denuncias ante la Procuraduría General de la República; se han rescindido contratos por más de mil 160 millones de pesos; se han interpuesto denuncias ante la PGR contra 58 constructoras por el fraude en que incurrieron al recibir anticipos de 50 y hasta 84 por ciento para obras que finalmente no hicieron como un puente en Martínez de la Torre que se reportó con un avance físico del 90 por ciento pero que jamás se inició, así como para otras que las dejaron abandonadas o no existen.
Las revelaciones hechas sin medias tintas por Buganza colocaron obviamente en una situación incómoda a sus antecesores, entre ellos al propio legislador priista por Boca del Río, Raúl Zarrabal Ferat, quien entrevistado días después sobre lo informado por el titular de la SIOP, el ex secretario de Comunicaciones no supo dar una respuesta congruente.
Al principio, correligionarios del gobernador y hasta algunos miembros de su gabinete llegaron a suponer que lo dicho por Buganza ante el Congreso local habría sido sin conocimiento ni aprobación del jefe del Ejecutivo estatal, pero al paso de los días se ha confirmado que el ex panista cordobés no sólo debió consultarlo previamente sino que dio cabal seguimiento a la línea que el propio mandatario ha marcado en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Y es que lo expuesto por Buganza la semana pasada ante los diputados locales no fue sino lo mismo que hace casi tres años el gobernador declaró a los medios de comunicación al término de un acto oficial en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno. En marzo de 2011, Duarte de Ochoa dio a conocer que su administración investigaba ya a 156 empresas constructoras que incumplieron con los proyectos de obra pública y que podrían haber incurrido en daño patrimonial al erario por más de 900 millones de pesos.
Desde entonces, el mandatario veracruzano dijo que su gobierno actuaría “con toda la firmeza y determinación, porque aquí no hay circunstancias especiales y quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias”.
“La Contraloría General del Estado, en coordinación con las dependencias ejecutoras, no sólo en materia de comunicaciones sino en todos los rubros de infraestructura, ha venido realizando una serie de análisis puntuales acerca del estado que guardan las obras públicas, el financiamiento de las mismas, la inversión que el estado ha venido haciendo en esta materia.
Y derivado de estas revisiones se han desprendido algunas anomalías que, de confirmarse, constituirán un daño patrimonial al estado”, afirmó Duarte, quien señaló expresamente a tres constructoras: ABO Mantenimiento y Construcciones SA de CV; Grupo Mascot SA de CV y Grupo Alopag SA de CV, a las cuales se les otorgó un anticipo de 16 millones de pesos que incumplieron. Pero también dijo que había 150 empresas más que estarían en una situación similar, con daños superiores a los 900 millones de pesos.
“En ellas no coincide el monto de lo aplicado con el estado de las obras y después de las investigaciones vienen consecuencias legales”, precisó el gobernante.
Así, pues, Buganza sólo está cumpliendo con lo advertido por su jefe desde marzo de 2011.