Aparte de los senadores priistas veracruzanos José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, los demás aspirantes del PRI a la gubernatura de Veracruz habrán de estar muy atentos a la reforma política-electoral que se cocine esta semana en el Senado de la República, pues todo parece indicar que muy posiblemente el próximo viernes 29 podrían aprobarse una serie de ajustes constitucionales y modificaciones al código federal de elecciones que si bien son empujadas en la mesa del Pacto por México por las dirigencias nacionales del PAN y PRD con miras a la sucesión presidencial de 2018, éstas seguramente impactarán de manera previa en las sucesiones locales, ya que las entidades habrán de adecuar sus leyes en la materia a las federales.
Con esta “concertacesión” del presidente Enrique Peña Nieto, el priismo de los pocos estados en los que hasta ahora no se ha dado aún la alternancia en el poder –entre ellos Veracruz– debe estar más que preocupado por las pésimas señales enviadas por su jefe nato sexenal, quien en julio pasado ya sacrificó a sus correligionarios de Baja California Norte entregando la gubernatura al candidato de la coalición PAN-PRD y evitar así el conflicto post-electoral que amenazaba con abortar las negociaciones para sacar en el Congreso de la Unión las reformas hacendaria y energética en puerta.
Peña, hasta ahora, parece estar marcando su preferencia por salvar los intereses macro económicos que su administración comprometió con otros poderes fácticos a cambio de ceder en los de naturaleza política-electoral con la oposición que pretende poner en jaque la permanencia del PRI en la Presidencia de la República.
Y es que no obstante que la dirigencia nacional del partido tricolor se opuso rotundamente a la exigencia de sus opositores de incorporar la segunda vuelta en la elección presidencial, finalmente estarían por aceptar que se incluya la figura de coaliciones de facto o candidaturas comunes. Pero, según trascendió, la idea es que los candidatos puedan declinar a favor de alguno de los punteros en las preferencias electorales para garantizar un resultado contundente y, en consecuencia, la formación de mayorías en el Congreso.
Lo que aún estaría por determinarse es el momento del proceso electoral en el que se llevaría a cabo la coalición.
El senador perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, declaró que ya existe consenso para la creación de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE) sin que esto implique la desaparición de los institutos locales de las 32 entidades federativas.
El exjefe de Gobierno del Distrito Federal puntualizó que “se mantienen las atribuciones de los estados para definir su régimen interior, pero al mismo tiempo se resuelve el problema de fondo que tiene que ver con el secuestro de los órganos locales, por parte de los gobernadores y los partidos políticos”.
Encinas confirmó que los funcionarios electorales locales serán nombrados desde el INE y que cuando se detecten irregularidades graves en un proceso local, el órgano nacional podrá atraer la elección.
Además, los senadores del PRI, PAN y PRD habrían acordado también que la reforma política incluya la posibilidad de anular elecciones cuando se rebase el tope de gastos de campaña. Otra causal de anulación de los comicios sería la publicidad engañosa.
Y, por si fuera poco, los representantes de las tres principales fuerzas políticas en la Cámara alta del Congreso de la Unión habrían logrado otros acuerdos que impactarán también en los procesos electorales locales, ya que aparte de las atribuciones que pretenden darle al nuevo Instituto Nacional de Elecciones para realizar la redistritación local y la designación de los consejeros estatales, estaría la obligatoriedad de que por lo menos una elección local sea concurrente con la federal, así como la facultad cedida al Senado de la República para nombrar a los magistrados de los tribunales electorales de cada entidad federativa.
Así que aquellos priistas que muy optimistamente daban por adelantado el triunfo del tricolor en la sucesión gubernamental de 2016 luego de la separación de los comicios municipales de los de gobernador al ser ampliadas a 4 años las administraciones de los nuevos alcaldes, aún están por enfrentar la más dura de las pruebas, sobre todo si lograra darse una eventual alianza PAN-PRD que desde ahora parecen estar perfilando las dirigencias nacionales de ambos partidos de oposición y que acaso solo podría frustrar un hipotético desacuerdo en la selección del candidato común.
Y es que aún está por verse si el abanderado del PRI logra salir con la suficiente fuerza que solo podría darle la unidad de todos los grupos y aspirantes priistas. ¿Quién, de todos los precandidatos del tricolor, podría lograr tal proeza?