Dentro de la clase política veracruzana, la persona más autorizada y congruente con su quehacer de analista político es el economista e investigador universitario Rafael Arias, quien atinadamente señala que los que deben ser evaluados por la sociedad son los actuales funcionarios, por la trascendencia y repercusión que entraña sus labores como servidores públicos. Sus anacrónicos errores resultan muy costosos para el pueblo.
Rafael Arias que laboró en la anterior administración era el único funcionario de todo el gabinete, que hacía ver al propio gobernador Fidel Herrera Beltrán los graves equívocos que cometía como titular del poder ejecutivo. Y no lo hacía a sus espaldas sino de manera pública. Justo es reconocer que el gobernante Herrera Beltrán consciente de la constante crítica de su cercano colaborador encargado de la dirección de Planeación de su gobierno, lo mantuvo contra viento y marea en su puesto. Otro se hubiera irritado con su empleado y lo hubiera corrido.
Los duros señalamientos de Arias Hernández tenían pleno fundamento, de allí el reconocimiento y solidario apoyo del gobernador Herrera Beltrán.
Con motivo de la grave situación que existe en la entidad por el rechazo de los maestros a la reforma educativa-laboral, Arias Hernández señala: “Los gobiernos deben entender que están integrados por servidores públicos, no son monarcas, divinidades, ni seres extraterrestres. Se deben al pueblo y al pueblo deben servir”.
Rafael Arias Hernández sería el mejor rector que hubiera tenido la Universidad Veracruzana, persona con el nivel y los méritos académicos más que suficientes, su único error es que nunca buscó un padrino para el cargo, respetuoso de la autonomía que debe tener nuestra máxima casa de estudios.

Los mismos delitos electorales

El presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Daniel Ruiz Morales, asegura que las denuncias se duplicaron en las pasadas elecciones en comparación con las efectuadas hace tres años. Los comicios locales fueron más cuestionados y los recursos de inconformidad crecieron.
No se acusa de malos manejos en las actas o en las urnas embarazadas, el delito electoral que predominó fue el de la compra de votos. La creciente pobreza de los ciudadanos veracruzanos fue el arma preferida para obtener el triunfo.
Se especuló con el hambre.

Se rebelan los patrones

Que el sector patronal de México se rebelará y se opondrá abiertamente a la reforma hacendaria del presidente Peña Nieto, es algo que nunca se esperaba por ser un permanente aliado del gobierno.
No fue una crítica mesurada sino todo lo contrario, fue un rechazo total al Ejecutivo al calificarla de “retroceso económico y social para México”. La disciplinada Coparmex reprueba la iniciativa presidencial al asegurar que reinstaura una estructura centralista en el gasto público, eleva las tasas impositivas a los contribuyentes cautivos y no busca abatir la informalidad.
Los empresarios se lanzaron con todo al afirmar que esta reforma hacendaria
provocará graves distorsiones al proceso económico al modificar las tasas impositivas a las empresas que podrá afectar sus operaciones. Además, amenazaron que esta tendría efectos con la reforma energética.
Acusaron a Peña Nieto de cumplir compromisos de corte popular a costa del aparato productivo. “Una política fiscal induciendo el incremento del gasto público y el endeudamiento gubernamental para financiar programas sin sustento financiero”.