El pasado dieciocho de junio, se cumplieron cinco años de la promulgación de la Reforma Constitucional relacionada con el Sistema de Justicia Procesal Penal en nuestro país, donde se implementaron los juicios acusatorios adversariales, misma reforma, que en su artículo transitorio 2º establece que el plazo para que inicie la vigencia de este sistema procesal penal, no excederá de ocho años, contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto, por lo que dicho plazo fenece el dieciocho de junio del año dos mil dieciséis.
Solo faltan tres años para que dicha reforma constitucional entre en vigor, tanto en el fuero federal como en el fuero del orden común y lamentablemente en gran parte de los 31 estados y el Distrito Federal hay un retraso notorio.
El origen de la reforma surge de la necesidad de cumplir cabalmente con el juzgamiento de las personas, el respeto a los derechos de la víctima y sobre todo celeridad y prontitud.
A nivel Federal, existe la Secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que depende de la Secretaría de Gobernación y es la que está coordinando y ayudando a los estados en procurar y distribuir recursos para que avancen en materia de juicios orales.
El Doctor en Derecho y Rector de la Universidad de Xalapa, Carlos García Méndez, observa en los Juicios Orales un paso significativo para devolver a la ciudadanía la confianza hacia las autoridades que procuran e imparten justicia pero es urgente en esta etapa “apostarle a la educación, capacitación, preparación y formación”.
Pareciera ser su institución educativa y él como doctor en derecho, dedicado toda su vida a la preparación, el único interesado en ofrecer una capacitación real, con gente preparada para educar a quienes sienten la obligación de prepararse no solo para el litigio, sino para desempeñar un buen papel como autoridades en las áreas de procuración e impartición.
En la Universidad de Xalapa, al día de hoy, la única institución que cuenta con la autorización y validez oficial de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación para ofrecer el “Curso de Capacitación Sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México para Abogados y defensores”, cursos a los que también ha acudido personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Y es que para que el nuevo sistema funcione y cumpla sus objetivo, señaló el Doctor García Méndez se requiere de profesionalismo y mucha preparación y apostarle a la educación, por lo que hizo un llamado para que exista una mayor responsabilidad y compromiso de parte de las instituciones educativas en un tema trascendental “no se trata de colgarse títulos”, sino de capacitarse para ofrecer a la ciudanía con profesionalismo lo que tanto anhelan, justicia.
En Veracruz el retrasó es abismal; el pasado mes de mayo, con un rezago impresionantes, de manera parcial y muy apresurada, el gobierno de Veracruz y el Tribunal Superior de Justicia, aunque este último siempre se mostró a disgusto y en desacuerdo, pusieron en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, que derivó en la aplicación de juicios orales únicamente en dos de los 21 distritos judiciales de la entidad, estos fueron Xalapa y Cordoba.
Desde diciembre del 2010 el Congreso del Estado de Veracruz autorizó una “vacatio legis” (prórroga para la entrada en vigor de la oralidad en el sistema judicial veracruzano) y así el retraso se hizo notorio, sin capacitación, sin instalaciones adecuadas y suficiente personal, arrancó la improvisada justicia oral sin el mínimo de los respetos por la victimas.
En el mes de mayo, Duarte dijo que a través de dicho mecanismo legal la aplicación de la justicia sería más rápida, pronta y expedita, con jueces profesionales y confiables, pero la falta de preparación y la irresponsabilidad para lanzar la justicia oral como un programa piloto en dos distritos ha generado una serie de confusiones, violaciones a los derechos humanos de los agraviados y las victimas, omisiones por descuido e ignorancia e incompetencia de parte de quienes procuran y emiten sentencia.
Como si se tratara de un juego o experimento; jugando al nuevo sistema de justicia.
El presidente del Foro de Abogados, Vito Lozano Vázquez, lamento el triste escenario con la implementación del nuevo sistema en los dos distritos señalados, debido a que la infraestructura física y humana “aún no están listas”.
No solo se necesitan cerca de mil abogados preparados en oralidad, y al menos 100 litigantes en cada uno de los distritos judiciales más grandes, como Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, sino capacitación y oficina que reúnan los requisitos para la oralidad.
Existe un Código Penal para Veracruz con un cumulo de irregularidades que las propias autoridades desconocen y eso se lo debemos al nulo compromiso y preparación que existe respecto de quienes legislan; en ningún momento involucraron a académicos o expertos para la reforma. La elaboraron y publicaron como dios les dio a entender.
El nuevo sistema de justicia, en la entidad, ha generado un cumulo de problemas y quejas y es urgente echar manos a la obra en la infraestructura material y humana, porque como ha dicho el abogado Vito Lozano “aquí no aplica esa frase de que echando a perder se aprende” porque se está dejando a las víctimas en estado de indefensión y se está incumpliendo con el debido proceso.
@magzamu