Gobiernos e industriales en la gran tajada
El San Cristóbal, ejemplo de corrupción y fraudes
EN LA LÍNEA. Las ventajas de la Reforma Electoral

Es muy sospechoso que el gobierno haya decidido a unos meses de finalizar el sexenio, la privatización de nueve ingenios, cinco de ellos en Veracruz.
La medida llegará a las fábricas que muelen caña como El Modelo, San Cristóbal, La Providencia, San Miguelito y El Potrero.
Esta acción parece incongruente con las verdaderas necesidades que existen en el campo cañero, sector que conforma una buena parte de la agricultura veracruzana. Gobierno a gobernar, productores al campo e industriales a operar el negocio.
Para especialistas del área, como el diputado federal, José Luis Álvarez, el Gobierno, en un principio, debe expropiar los que tenían problemas administrativos y así evitar un problema de quebranto económico y social de los productores y obreros.
Pues por otro lado está demostrado que los gobiernos son malos administradores de empresas que fueron en su momento privadas, así que ya es tiempo que regresen los ingenios a ser administrados por la iniciativa privada y que el gobierno se dedique a gobernar bien y a ser un facilitador de la inversión privada.
Se debe tener en cuenta que hay ingenios de los que fueron expropiados que todavía están en litigio con los antiguos dueños y por lo tanto no los pueden poner en venta.
Menos asegura el legislador de Tierra Blanca, se debe perder de vista que algunos ingenios estaban en quiebra o los hacían pasar por quebrados para no pagarle a los productores y así le pedían al gobierno que los rescataran.
Sin duda que esto ha propiciado un verdadero y fructífero negocio amañado entre algunos industriales y algunos funcionarios del gobierno federal.
Para muestra un botón.
El ingenio San Cristóbal fue expropiado por el Gobierno de Vicente Fox en el año 2001 y después administrado por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) junto con otros ingenios.
Actualmente cuenta con 39 mil 009 hectáreas industrializables, con 54 mil 37 tonelada de rendimiento del campo, y una producción total de 2 millones 120 mil 852 toneladas de azúcar, representa un 9.76 por ciento de rendimiento de fabrica y produce 207 mil toneladas de azúcar refinada.
En días pasados, el fideicomiso FEESA, creado por el Gobierno Federal, anunció la venta del ingenio San Cristóbal, uno de los más antiguos del País y del estado, tras diversos conflictos sindicales, problemas financieros y señalamientos de malos manejos. El ingenio fue expropiado por el Gobierno de Vicente Fox y después administrado por el fideicomiso FEESA, junto con otros ingenios.
En un análisis al respecto se difundió que los trabajadores reclaman lo que les corresponde legalmente y acusan malos manejos del dirigente sindical Clemente Pacheco, quien aseguran se enriqueció a costa del ingenio, y que se pretende vender a precio de chatarra al senador, Juan Bueno Torio.
La historia del ingenio se remonta a hace más de 100 años.
De acuerdo a lo manejado recientemente en un medio local, en 1896, Nicolás Pérez de León, Manuel Hernández del Río y Julián Chinchurrieta, realizaron una importante inversión al adquirir 3 mil 511 hectáreas, dedicarlas al cultivo de la caña de azúcar e instalar sobre la ribera izquierda del río Papaloapan el ingenio azucarero que en adelante se denominaría San Cristóbal. La maquinaria fue transportada desde Nueva York, Nueva Orleans y otras ciudades de Estados Unidos.
En su primera zafra 1900-1901, logra producir un total de 3 mil 890 toneladas de azúcar, producción promedio anual hasta el año de 1920.
Posterior a la promulgación de la Ley del 6 de enero de 1915, se entregó a los comisariados ejidales de Carlos A. Carrillo y Cosamaloapan la hacienda, entre otros terrenos.
En 1925 se constituyó el Sindicato de Obreros, Artesanos y Empleados del Ingenio San Cristóbal, que se afilia a la Unión del Sindicato de la Industria Azucarera del Estado de Veracruz y al Sindicato de Trabajadores Azucareros y Similares de la República Mexicana en 1937.
En 2001, el presidente Fox ordena la expropiación de 27 ingenios en todo el país por supuestos malos manejos, en una operación que fue criticada duramente por su opacidad a través de fideicomisos, uno de ellos el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA).
Cuatro años después la Suprema Corte ordenó regresar los ingenios a sus dueños originales quienes ya habían sido liquidados en la expropiación.
Es decir, un negocio redondo por malas acciones y no soportarlas jurídicamente, lo que provoca que se tengan que regresar a los dueños que litigan.
El hecho es sin duda de un análisis profundo, y si bien deben ser vendidos los ingenios, es hora de dejar las cosas bien claras, y las cartas sobre la mesa, pues no se puede estar destinando recursos públicos para despilfarrarlos en componendas y jugosos negocitos con los ingenios azucareros, cuando no se beneficia directamente a los productores, cortadores y trabajadores del sector.

EN LA LÍNEA
Hay quienes, ante la aparición de una serie de críticas, le dan sus ventajas a la propuesta de Reforma Electoral del gobernador Javier Duarte de Ochoa, y le dan más ventajas que omisiones, la que por cierto se analiza en el Congreso local.
Se habla entre otras cosas, que si el nuevo ordenamiento lo aprueban los diputados de la LXII Legislatura, habrá procesos electorales en Veracruz más transparentes y ordenados; con reglas claras y con actores maduros políticamente, pues la Ley da la posibilidad de tener instituciones más sólidas.
El mandatario turnó la iniciativa y hubo un Artículo que no agradó tanto a algunos diputados; entonces, con un espíritu totalmente incluyente y conciliador, Duarte ordenó suprimir el artículo 48 para que no hubiese problema alguno.
Al respecto, la coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Gina Domínguez Colío, dijo que el mencionado artículo tenía como finalidad evitar en lo posible las campañas negras y sucias, pero no sancionar ni acotar a los medios de comunicación, como perversamente dijeron algunos actores políticos.
Indica que la Iniciativa es un proyecto de vanguardia que pretende regular los procesos electorales como el que se llevará a cabo el próximo año para renovar ayuntamientos y el Congreso Local, al tiempo en que insistió en que no se pretende coartar la libertad de expresión.
Ante este tema habría que irse más a fondo de la discusión y el análisis.

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