El gobernador Javier Duarte de Ochoa se ha propuesto encabezar la administración estatal más honesta, ordenada, transparente y eficaz de toda la historia de Veracruz.
Eso lo ha venido reiterando el joven mandatario veracruzano desde su toma de posesión en diciembre de 2010, y lo ha estado refrendando también el contralor General del Estado, Iván López Fernández, quien desde hace seis meses despliega por toda la entidad la campaña denominada “Yo soy honesto”, que busca precisamente que la sociedad civil y el gobierno integren un frente común en contra de las prácticas indebidas y sean vigilantes de la correcta actuación de los servidores públicos.
Este lunes 30 de enero, por ejemplo, al encabezar la ceremonia de honores a la bandera en la Escuela Secundaria Técnica Industrial Agropecuaria No. 7 de la cabecera municipal de Úrsulo Galván, el contralor del gobierno duartista aseguró que esta campaña había llegado hasta el momento a 175 mil estudiantes en 24 municipios, principalmente en la zona centro del estado.
Ahora, con el escandaloso caso de los 25 millones de pesos en efectivo que la noche del pasado viernes 27 le fueron asegurados en el aeropuerto internacional de Toluca a dos funcionarios menores del gobierno de Veracruz por la Procuraduría General de la República, el gobernador Duarte y su contralor tienen una oportunidad de maravilla para demostrar que las prácticas administrativas deveras son congruentes con el discurso oficial.
El escándalo ya provocó la renuncia del tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Vicente Benítez González, pero no basta con aceptar simplemente su dimisión, pues este candente asunto podría ser apenas la punta del iceberg de una serie de situaciones administrativas irregulares que al gobernador y a su contralor podrían estárseles ocultando.
Este caso, que obviamente está siendo muy bien capitalizado por los adversarios políticos del gobernador priista de Veracruz para golpear mediáticamente a su partido y al candidato presidencial Enrique Peña Nieto que aún les saca una amplia ventaja en las encuestas a sus competidores del PAN y de la alianza de izquierda PRD-PT-MC, no puede ser soslayado por el mandatario estatal ni por su contralor, ya que ha exhibido prácticas anómalas y, por ende, sospechosas.
Una cuestión, por ejemplo, ha sido la adjudicación de un contrato por 25 millones de pesos sin licitación, cuando el servicio solicitado no tiene que ver con situaciones de emergencia y mucho menos con ningún monopolio.
Otra duda es por qué se estableció el pago con un anticipo de 12.5 millones, y el resto solo tres días después.
Por si fuera poco, existen otros puntos polémicos que obviamente deben haber provocado más que molestia a los cientos de proveedores y contratistas locales que semana tras semana dan vueltas inútiles por la Tesorería y otras oficinas de la Sefiplan para que les expidan los anticipos de obras o contratos, o les liquiden sus finiquitos. ¿Qué habrán pensado al enterarse de este extraordinario caso, en el que el gobierno estatal decidió pagar por adelantado el total del contrato a la empresa chilanga Industria 3, SA de CV, de Willy Sousa? ¿Por qué a este contratista sí se le pagó en efectivo y no vía electrónica ni con cheque? ¿Por qué le enviaron el dinero en dos maletas transportadas especialmente en un avión oficial y no por medio de un servicio privado de traslado de valores?
Además, en una práctica totalmente inusual, la factura pagada fue emitida 19 horas después del decomiso del dinero por parte de la PGR, ¡y por la noche!
¿Por qué tanto apapacho a este productor de audiovisuales si el presidente de la Canacintra en Veracruz, Carlos Abreu, acababa de señalar el pasado 25 de enero que el gobierno estatal apenas había empezado a cubrir algunos pagos de proveedores rezagados del año pasado?
Eso deberían investigarlo el gobernador Duarte y sobre todo su contralor general, que es precisamente quien tiene acceso a la declaración patrimonial que por ley deben presentar cada año todos los funcionarios del gobierno del estado.
Quizá sería conveniente que revisaran los bienes y las inversiones de los servidores públicos inmiscuidos en este caso aparte del ex tesorero de la Sefiplan, del cual era ampliamente conocida su pertenencia y afinidad a un hermético grupo de poder muy cercano al gobernador Duarte de Ochoa que no solo ha recibido la confianza del mandatario estatal para la operación financiera sino también para algunos delicados asuntos políticos y hasta electorales.
Y es que ha saltado además una interrogante que merece recibir respuesta: ¿por qué un joven funcionario como Benítez González, que apenas iba en pleno ascenso en su promisoria carrera pública, decidió arriesgar todo su capital político en una burda transacción de esta naturaleza que ha tenido un alto costo para él y su ex jefe, el gobernador Javier Duarte, a quien ayer el diario capitalino “Reforma”, muy afín al gobierno calderonista, le volvió a dedicar la nota principal de su portada y otras tres planas interiores por este escandaloso asunto?
Lo idóneo sería que lo explicara el propio Vicente, quien este lunes 30 presentó su renuncia dejando acéfala la Tesorería sin esperar siquiera que Duarte de Ochoa regresara de la ciudad de México y designara de inmediato a su sucesor.
¿Por qué su urgencia por dimitir, si además la PGR ya había liberado a los dos funcionarios detenidos al confirmar el lunes al mediodía que los 25 millones de pesos en efectivo que les habían sido asegurados la noche del viernes anterior en el aeropuerto internacional de Toluca, sí son del gobierno del estado Veracruz?