El plan de la UNAM contra la violencia es la primera acción congruente que existe en México, desde que el presidente Calderón desató su guerra en contra de los narcotraficantes. Los académicos de nuestra máxima casa de estudios fueron muy claros al enfatizar que “ya basta de discursos y palabras, hagamos un frente común en contra de la corrupción, la impunidad, la irresponsabilidad, el uso partidista del poder, el cinismo y las mentiras”.
El rector José Narro Robles responsabilizó a los gobiernos de no generar la política de Estado que hace falta. Hizo una propuesta en donde solo se pensó en México y sus problemas, sin protagonismos e intereses de ningún tipo.
Se trató de un reclamo fuerte y preciso en contra de las autoridades. Un plan que exige el regreso de los militares a sus funciones naturales.
Una voz que tiene la autoridad moral de protestar y exigir a los gobiernos y al propio presidente Calderón que cuando la injusticia y la inseguridad amenazan a la nación se cubren con un manto de sordera y ceguera, pasan de afónicos a mudos.
Por primera ocasión se presenta un plan donde no participan ninguna clase de políticos, ni siquiera los legisladores, sino solo los expertos.
Un diagnóstico objetivo del grave problema. El sistema carcelario, el lavado de dinero, la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, la reinserción del sistema educativo para su desarrollo laboral.
Una voz en libertad que dijera la triste realidad que se vive en México.

Desvían recursos de seguridad

Por no cumplir con los requisitos de ley, el gobierno federal suspendió la entrega de los subsidios parar la seguridad pública de los principales municipios del estado de Veracruz, entre los que figuran Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica, entre otros, por desviar los dineros que deberían ser canalizados al combate de la delincuencia, equipamiento y profesionalización de los cuerpos policiales, mejoramiento de infraestructura y desarrollo de políticas públicas parar la prevención social del delito.
San Andrés Tuxtla y Orizaba sí cumplieron y seguirán recibiendo este importante apoyo económico que permite una mayor seguridad y por ende una vida más tranquila.

Nadie confía en el IFE

Para que la Iglesia cuestione el desempeño del IFE y que no se tenga confianza en la institución que debe garantizar la transparencia y equidad de los procesos electorales, es verdaderamente preocupante por la cercanía e importancia de los mismos.
Lo que ocurrió en el estado de Veracruz donde se dieron 45 mil casos de personas de otras entidades que acudieron a registrarse como residentes en los diversos módulos instalados en las principales ciudades como Coatzacoalcos, Veracruz-Boca del Río, es la más reciente y palpable muestra del alto grado de corrupción que existe.
A cualquier ciudadano que se le ocurra obtener su credencial de elector con el solo fin de renovarla, son tan serias y absurdas las medidas burocráticas que le imponen, que resulta incongruente que tuvieran tantas facilidades aquellas personas que fueron registradas en curso de una visita invitados por funcionarios del PRI, disque para conocer el mar.
Si demostradas esta serie de irregularidades no hay culpables ni tampoco castigos, tiene mucha razón la Iglesia Católica de que no existe ninguna confianza en el desempeño del IFE.
No hay nada que hacer que evite un nuevo fraude en el 2012.