·Y los mil millones, serán reintegrados?
·Invade Procuraduría funciones de Orfis y Fiscalía?

EN LA LINEA. Solalinde en el ojo del huracán.
Por quebranto en daño patrimonial y por desvíos de recursos del erario público treinta tres ex alcaldes del estado de Veracruz han sido encarcelados. Algunos, en su mayoría, han retribuido los faltantes y han sido liberados.
El asunto es que estos ex munícipes fueron jalados al orden por las Cuentas Públicas del 2004 al 2008 y de alguna forma el hecho sirvió de ejemplo y en el caso de la Cuenta 2009, el plato está más que servido para las autoridades fiscalizadoras.
Solo que hay un detalle aún cuando pudiera corresponder al Organo de Fiscalización Superior del Estado, ORFIS, es la Procuraduría de Justicia la que está asumiendo el control, sin que al momento se reporte la reintegración de los recursos. Si bien la Fiscalía para los delitos de Servidores Públicos debiera ser la encargada de aplicar la justicia, llama la atención que sea directamente el procurdor quien se encargue de darle seguimiento, y a manera de “negociaciones” no de cumplimientos administrativos como tales.
De acuerdo a fuentes internas de los 128 ex alcaldes llamados a cuenta, alrededor de 40 no han reintegrado el monto que se le reclama, y por los que, se sabe, el Orfis interpuso las denuncias penales correspondientes, de donde se liberaron las órdenes de aprehensión.
Una vez que han devuelto ese dinero, se les deja sin efecto el procedimiento legal en su contra, lo que se desconoce es cómo y en donde se está depositando esos recursos.
A esos cuarenta que no han cumplido se les aplica una multa mayor que representa tres veces el monto por el que se les acusa. Ya sea quebranto o desvío de recursos.
El hecho no es criticable si en realidad la autoridad está ejerciendo la facultad para hacerlos devolver a los veracruzanos, lo que se comúnmente se llevan, al amparo de la impunidad y complicidad de los gobernantes en turno.
Lo que es falto de transparencia es el procedimiento para conocer cuánto se tiene reintegrado o recuperado de los mil millones de pesos que se calcula sea el daño patrimonial en conjunto. Y de su reintegración. No hay al momento una rendición de cuentas de la Procuraduría del Estado o del mismo Orfis, finalmente quien debe darle seguimiento a esa instrucción o deber legar que tiene de hacer que los ex alcaldes, grandes o chicos, (la mayoría peces chicos) devuelvan lo que se llevaron.

EN LA LINEA

Algo pasa con el movimiento que encabeza el padre Alejandro Solalinde.
El coordinador del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Cd Ixtepec, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, endureció su discurso durante la caravana por la paz.
En Coatzacoalcos fue contundente al abanderar los reclamos de los migrantes y expresó algunas frases que no gustaron al gobierno federal, tanto que el secretario de Gobernación, Francisco Blake lo desmintió ayer.
El escenario se enrarece cuando continúa por Tierra Blanca. Donde el discurso se hizo todavía más firme y directo sobre la impunidad y corrupción de las autoridades.
Pocos activistas sociales y defensores de las causas como Solalinde, sin duda.
En Tierra Blanca, se observaba a los policías estatales registrando los hechos con cámaras fotográficas y de video. Cual si fueran corresponsales de la prensa estatal o nacional, guardaban el registro de los particpantes en la caravana.
Pero la situación más tensa, la vivió el padre al ingresar a territorio poblano, cuando en pleno casco histórico, medio centenar de policías realizaron un impresionante operativo para tratar de intervenir al padre. La retención de sus guaruras y un interrogatorio exhaustivo sobre el cura en la casa parroquial Nuestra Señora de la Asunción no fueron buenas señales para el activista.
Por ello, desde Coatzacoalcos, el padre parece no traerlas del todo consigo, y quizá el gobierno debiera preocuparse más por su integridad.
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