* Transportistas y estudiantes en pie de lucha
* Alza al pasaje consensada o conflicto social
* Ciudadanía debe resentir lo menos

El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón alborotó el avispero. El anuncio de que se revisaría el aumento del transporte fue la punta de la madeja.
El asunto cobró fuerza cuando el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el jueves de la semana pasada, aceptó ante los medios de comunicación que se analiza el tema. Y que obviamente, se privilegiará la economía familiar, pero es un hecho, que se contempla un ajuste al pasaje urbano.
Pero parece un tanto insensato que se maneje un estimado, y hasta el mismo Buganza haya aceptado el análisis de una cifra, como lo son diez pesos, cuando la situación de las finanzas entre la ciudadanía es cada vez más difícil.
De 7 a 10 pesos, estamos hablando de por lo menos un 40 por ciento de incremento lo que en cualquier ámbito de un ajuste a precios es un desfase con los índices inflaciones y más aún, comparado con el salario mínimo.
Por ello parece que el funcionario ha reconsiderado el comentario de una propuesta de diez pesos, y ahora ha puesto una limitación al señalar que no será arriba de la inflación. Eso suena más congruente.
Esto sin embargo no evita que por un lado los empresarios del transporte urbano y por el otro, estudiantes veracruzanos agrupados en diversas organizaciones amenazan con acciones drásticas de no cumplirse a cada parte su demanda.
Los concesionarios del transporte público justifican su petición por los constantes incrementos en el precio de los combustibles que aplica de forma mensual el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Así, los transportistas consideran que esta política alcista los ha obligado a destinar cerca del 50 por ciento de las ganancias de las unidades para adquirir el combustible para que las unidades puedan circular. Pero quieren aumentar 2 pesos con 60 centavos por pasaje.
Quien ha tomado la batuta es el dueño de transportes Alamo, un líder de ese sector que proviene de familia cuestionado por la forma de conducirse como concesionarios y maltrato y agresiones a los derechos de los pobladores de la sierra indígena huastecos.
Por eso llama la atención la amenaza del presidente de los transportistas Manuel Mejía del Ángel, que si no hay aumento habrán de paralizar el transporte urbano en la entidad.
Hace dos años ya hubo una confrontación por esta situación y el gobierno no permitió la amenaza. Se prepararon entonces a los policías para trasladar en patrullas en forma gratuita a los pasajeros además de unidades de voluntarios.
Y también se lanzó la advertencia de la posibilidad de requisarle las concesiones ante su actitud.
En esta ocasión el gobierno no ha dicho un “no” a la propuesta sobre el pasaje, pero de entrada los empresarios ya están violentando la negociación.
Por el otro el estudiantado ha alzado también la voz. Y aseguran que no permitirán un aumento desproporcionado, vaya ni siquiera mínimo.
El avispero está alborotado. Parece que el anuncio salido de la secretaría de Gobierno no fue una buena idea. Y lejos de activar un termómetro al respecto, empieza a salirse de control, ante la confrontación de ambos sectores.
Debe el gobierno estatal darle un adecuado cauce a esta demanda sin dejar de visualizar la postura estudiantil que normalmente es la postura ciudadana.
El gobierno que encabeza Duarte deberá analizar a conciencia la propuesta de los concesionarios.
El gobernador hizo tal reflexión:
“Es  un tema que se está analizando, tenemos que estar consientes todos de los aumentos que ha habido de los combustibles, ustedes mismos se han dado cuenta de los famosos gasolinazos, que esto pues repercute evidentemente en lo que se refiere a los insumos del transporte y no tan solo del transporte público, sino del transporte en general.”
Con una acotación:
Dicho aumento no irá en contra de la economía de los ciudadanos. Esta se privilegiará.
Ojalá así sea, de lo contrario, un conflicto social está en puerta.
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