Una señal de alerta y de focos rojos para el campo veracruzano son los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que advierte los serios conflictos presentes y futuros que tendrá que confrontar este importante sector rural.
El aumento de las importaciones de granos se traduce en pérdida de la soberanía alimentaria, en serios desequilibrios en la balanza comercial; en desgaste de la economía nacional y en un mayor deterioro en las condiciones de vida de la gran mayoría de la población campesina.
Las importaciones de maíz se dispararon 143 por ciento y se produjo una reducción sustantiva en el número de hectáreas destinadas a la siembra y la cosecha de ese grano.
Las compras en el extranjero de trigo y soya se incrementaron en más del 150 por ciento. Urge implementar mecanismos estatales de corrección y apoyo a los pequeños productores a fin de evitar la carestía y el hambre.
No pueden estar los agricultores de Veracruz a merced de los vaivenes del libre mercado internacional.
Ante los constantes episodios de aumento de precios de los productos alimentarios, resulta difícil de creer que en la entidad productora líder de limón y naranja, adquieran estos cítricos las elevadas cotizaciones fuera del alcance de la clase popular.
Las autoridades deben fijarse como objetivo principal la ineludible recuperación de la capacidad productiva del campo y de esta manera garantizar el mejoramiento de la maltrecha economía popular.



Justicia sui generis
Después del documentado artículo del columnista Carlos de Jesús Rodríguez, sobre el grave error del atropellado quedar bien del gobierno fidelista al violentar el derecho de designar como magistrados a sus cuates Edel Alvarez y Fernando Charleston, sin considerar los requisitos académicos y de experiencia en los tribunales que se requiere.
Estas designaciones eran en lugar de los magistrados Haydee González Rebolledo y José Antonio López Villalba quienes solicitaron el amparo para prolongar su período.
Mientras que el Juez de Distrito que otorgó el amparo y no dicte la resolución, el presidente de la Judicatura, Alberto Sosa Hernández, no dará ninguna declaración como quedaría este penoso asunto.
Lo que manejan los antiguos magistrados es que tuvo que ser el propio Poder Judiciales que enmendara el error del exgobernador Fidel Herrera.



Se complica el caso Montiel
A pesar de que tienen instrucciones del ex gobernador Fidel Herrera las autoridades de la Contraloría y los diputados de la Comisión de Vigilancia de no molestar con acusaciones sobre los malos manejos de recursos públicos al exalcalde Marcelo Montiel, ahora son los propios priístas los que exigen que se aplique la ley por haber endeudado al municipio con más de 400 millones de pesos. Son los presidentes de los comités municipales del PRI y del PAN, Eliseo Guzmán Sánchez y Vicente Ramón Uscanga, quienes exigen el castigo, sin importar colores ni partidos políticos. Las mismas autoridades demandan al nuevo presidente municipal, Marcos Theurel, que analice y depure la lista de 204 empleados municipales que se les otorgó sin merecerlos su base de trabajo sólo por el hecho de ser compromisos de campaña.
Ha sido demasiado costoso políticamente para los gobiernos del estado de Veracruz seguir sosteniendo sin castigo al ex edil de Coatzacoalcos, cuando el propio gobierno federal podría exigir su cese como secretario de Desarrollo Social y hasta acciones penales que están en proceso por el uso indebido de recursos públicos aunado a las denuncias ya ratificadas ante tribunales del estado y de la propia Federación en caso necesario de contar con algún favoritismo local. El PAN nacional y el PRI local le quieren cobrar ciertas facturas de sus indefiniciones electorales.