El tema de la deuda del gobierno estatal y las denuncias con sus respectivas detenciones de alcaldes acusados de malos manejos, han sido el tema que ha capturado de manera preferente la atención mediática en el estado de Veracruz.
Los anuncios del secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, sobre un reconocimiento de un débito de 19 mil millones sin contar los 9 mil millones que se les adeuda a los proveedores, y el compromiso que será el próximo día 16, donde se conocerán las cifras reales de los pasivos descubiertos.
Aunado a las declaraciones del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón sobre las cuentas públicas del 2009 del estado, las cuales fueron aprobadas por el Congreso local en un fast track y donde se asegura que ahora sí figuran varios munícipes de ayuntamientos importantes que tendrán que devolver importantes sumas de dinero para evitar pisar la cárcel.
Parecieran estos hechos el explosivo caldo de cultivo de lo que se está cocinando sobre los resultados de los estados financieros de la administración fidelista, que se centra en las particulares actividades de las personas que ejercieron la titularidad de la Contraloría del Estado en el pasado reciente.
La información enajenada que tendría que trascender sobre el acta de entrega-recepción de esa dependencia encargada de supervisar a detalle el manejo de los dineros públicos. ¿Qué información protegida le entregó Clara Luz Prieto Villegas a Iván López Fernández? Las cifras furtivas que tenían que ocultarse. El acuerdo confidencial y hermético de lo que debe permanecer en el mayor de los misterios.
Pareciera una cortina de humo la que se extendió para evitar tocar en los medios en donde se centra la indagación financiera, y el papel crucial del principal confidente en la persona titular de la Secretaría de la Contraloría.
Las reuniones privadas que sostienen el subprocurador Reynaldo Escobar y el contralor Iván López sobre los funcionarios municipales que deberán responder a sus ilícitos.
El papel del contralor que desempeñara inicialmente la licenciada Susana Torres, identificada con la escuela política de intachable rectitud y honestidad de la administración de Fernando Gutiérrez Barrios, presentara en tiempo y forma su renuncia antes de involucrarse en cualquier presumible acto de corrupción.
Es el contralor del estado el funcionario que recibe todos los datos, y quien los matiza, y después de ordenar y borrar toda huella que manche a la pasada administración, son enviados al Congreso estatal que todavía tiene que pasar por el subvencionado tamiz de la maiceada Comisión de Vigilancia.
Los contralores internos de cada secretaría y de los municipios, son los comprometidos informantes del licenciado López Fernández, el selecto funcionario estatal del gabinete que puede capitalizar estas revelaciones de los ilegales dispendios.
Información es poder.
Cuando este material llega al Órgano Fiscalizador, ha pasado por tantas aduanas que poco tienen que hacer, máxime cuando su labor está llena de candados y carecen de una fiscalía para proceder legal y penalmente en contra de estos desprestigiados delincuentes corruptos.

La costosa inseguridad

No hay congruencia en las declaraciones oficiales, cuando por un lado, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, nos anuncia que en mediano plazo, --habrá que saber qué entiende por ese lapso de tiempo--, tendremos tranquilidad y paz en el país. Y por otro lado, se anuncia la contratación de diez mil soldados, y con ello, la inversión de 13 mil millones de pesos extra para la compra de un armamento más sofisticado.