Cada tres o seis años, en todo proceso electoral, llueve lodo en Veracruz.
Ahora, los que están en el ojo crítico de la ciudadanía son los aspirantes a las alcaldías. Pero, como siempre, la disputa interna más feroz se da al interior del PRI, el partido que actualmente gobierna en más de 150 de los 212 municipios del estado.
Y aunque el PRI ya definió alrededor de 172 candidaturas a presidentes municipales, se sabe de buena fuente que quedan 50 municipios en donde el partido tricolor todavía tiene “atravesado al chamaco”.
Así, por ejemplo, aún hay jaloneos en lugares como Chacaltianguis, municipio ubicado en la margen derecha del río Papaloapan, donde los sectores del tricolor –CTM, CROC, CNC, el sector femenil, la Asociación Ganadera Local y hasta el Comité Directivo Municipal de ese instituto político– cerraron filas y en carta abierta publicada el pasado jueves firmaron su firme e inamovible postura de apoyar al presidente de la H. Junta de Mejoras, Miguel Solano Juárez, para la alcaldía.
A su vez rechazan la precandidatura del ex delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz en Cosamaloapan, José Martínez, quien no reconoce a ningún líder de los sectores del PRI como instancias para sus aspiraciones, toda vez que los ha ignorado y amedrentado constantemente. Al contrario, les manda decir que él ya tiene la venia del ex alcalde de Boca del Río, Raúl Ramos Vicarte, actual delegado del CDE priista, y que con eso es más que suficiente.
Por su parte, los representantes de los sectores del PRI argumentan que no pueden apoyar al ex-alcalde Pepe Martínez, ya que es una persona que no les garantiza el triunfo.
Recuerdan, por citar un ejemplo, que en el período 2005-2007 quedó a deber a la Secretaría de Hacienda el pago de 800 mil pesos, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta de todo el trienio, dinero que él sí le retuvo a los empleados del Ayuntamiento, por lo que la dependencia federal embargó a la siguiente administración la ambulancia municipal que obviamente complicó el servicio de traslado de enfermos.
Por otro lado, comentan los líderes de los sectores, que en su último informe de gobierno mencionó como aprobadas una serie de obras “fantasma”, entre ellas una planta de tratamiento de aguas residuales y un relleno sanitario, de los que ni proyectos existían.
Pero eso no es todo. Se le atribuye otra infamia que no tiene nombre. Una canallada que Martínez Torres habría cometido en perjuicio de una ancianita de 86 años de edad. La triste e indignante historia es la siguiente: por medio de engaños y abuso de autoridad, hace como un año Pepe Martínez mandó a detener a la señora Ángela Sandoval Canela –quien ni siquiera puede caminar, ya que usa silla de ruedas–, acusándola de fraude por un millón de pesos, resultado de la venta de unos terrenos.
De acuerdo a la versión de la nieta Rosalba Matías, su abuelita recibió una llamada por teléfono de las oficinas de la Policía Ministerial, ignorando de dónde provenía. La persona que estaba al otro lado de la línea telefónica le informó que fuera a las oficinas del DIF municipal de Cosamaloapan a cobrar el cheque del programa denominado “70 y Más”. Ella le respondió que no podía caminar debido a una caída sufrida dos meses antes; sin embargo, le insistieron: “Señora, no se preocupe, usted viene por su dinero y nosotros le vamos a hacer el favor de mandarle un taxi”.
Efectivamente, a las diez de la mañana le enviaron un automóvil de alquiler. Ella salió y cuando ya circulaban, agentes de la AVI interceptaron el vehículo, deteniendo a la octogenaria por el supuesto delito de “fraude” por un millón de pesos.
Ahora, quienes conocen a la señora, sus familiares, vecinos, se preguntan: ¿dónde está ese millón de pesos? Y es que la pobre anciana vive en condiciones muy precarias, pues se sostiene sólo con la ayuda de sus nietos.
Al parecer, la denunciada le arrendó unos terrenos al señor Francisco Martínez, padre del ex delegado de la SEV en Cosamaloapan, pero don Chico, con la ayuda de su hijo Pepe, ha tratado de despojar de sus tierras a la pobre mujer, sobre todo luego de haber salido favorecida en un juicio agrario, litigio que tiene más de una década.
Martínez Torres, aprovechándose de sus influencias, interpuso la denuncia por fraude de un millón de pesos, cuando en los hechos presenta unos recibos por la cantidad de 160 mil pesos.
Valiéndose de artimañas, promovió hasta un testamento donde presuntamente se instruye que a la muerte de doña Ángela las tierras automáticamente pasen a poder de él y de otras personas.
De una u otra forma esos terrenos serán suyos, asegura el ex munícipe de Chacaltianguis, quien alardea contar con el apoyo del gobernador Fidel Herrera Beltrán, una versión que suena tan falsa como el amor de Salomé, la de la canción que hizo tan popular Pepe Arévalo y sus Mulatos.
Es realmente imposible que el gobernador Herrera, el candidato priista a la gubernatura Javier Duarte y el presidente del CDE del PRI, Jorge Carvallo Delfín, encuentren hombres tan honestos y virtuosos para postularlos a las alcaldías –pues a esos ni el legendario filósofo griego Diógenes El Cínico los halló–; pero tampoco se vale que arropen y promuevan a este tipo de canallas.
Porque no siempre en las campañas electorales llueve solamente lodo.

REVIRE AZUL
En otro intento desesperado por ganar en los tribunales los votos que todavía no puede ganar en la calle, el Partido Acción Nacional inició una embestida legal contra los medios de comunicación y sus representantes por reproducir la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. La supuesta lámina 4 ya cobró sus primeras víctimas porque el candidato panista a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, acaba de arremeter jurídicamente contra el periódico capitalino que publicó el 44.8 % a favor del priista Javier Duarte frente al 21.1 % del ex director del Issste.
Según los argumentos del equipo jurídico del PAN para presentar la queja en contra del medio nacional impreso, del periodista Ciro Gómez Leyva y del resto de los medios veracruzanos que difundieron los resultados, se habría incurrido en parcialidad porque supuestamente se omitieron las cifras sobre la aceptación ciudadana a los candidatos a diputados locales del PAN, y entonces reaparecen las inconsistencias en el discurso panista.
¿Cómo justificar y cómo acreditar que existe la famosa lámina 4 que, por cierto, el equipo de campaña panista encartó en la encuesta para distribuirla hacia la medianoche, cuando ni siquiera existen nombres definidos de los candidatos a diputados? ¿Cómo medir la aceptación de los candidatos panistas cuando los mismos panistas desconocen sus nombres? Al parecer se trata de una especie de venganza y berrinche para arreglar en los tribunales electorales las cifras que la ciudadanía veracruzana no avala.