Después de las elecciones federales de julio de 2009, los operadores políticos de Palacio de Gobierno detectaron algunos focos rojos que consideraron conveniente empezar a desactivar con miras la sucesión estatal del año entrante.
Así, por ejemplo, observaron que el candidato del PRI a la diputación federal por el distrito de Tuxpan, Martín Cristóbal Cruz, había perdido la apretadísima elección por el pésimo resultado obtenido en el municipio de Álamo-Temapache, donde la alcaldesa Blanca Batalla Herver no sólo conducía su administración municipal de manera desastrosa sino que ella y sus hijos se habían confrontado con la mayoría de los grupos políticos aliados al Revolucionario Institucional.
Por eso, a finales de 2009 fue presionada para que solicitara una licencia temporal por noventa días para separarse de la presidencia municipal, pero luego en febrero de este año la obligaron a que se retirara de manera definitiva, pues habría sido amagada con fincársele responsabilidades por un presunto desvío millonario de recursos públicos que habrían arrojado las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a dicho Ayuntamiento.
Batalla Herver había sido diputada local por el PAN a la LX Legislatura del estado, pero en la sucesión municipal de 2007, por su ambición de poder, decidió cambiar la chaqueta del partido blanquiazul para ponerse la de la Fidelidad, pues sabía del reposicionamiento del priismo fidelista y tenía claro que si iba como candidata de Acción Nacional ya no iba a tener la mismas posibilidades de triunfo que en la elección distrital de 2004.
En esa misma ocasión, de Palacio de Gobierno les llamó la atención otro municipio estratégico del norte de la entidad: Pánuco, donde gobierna Ricardo García Guzmán, a quien los priistas de ese lugar acusaron en la sucesión municipal de 2000 de haber apoyado al candidato del PAN, Eddie Guzmán de Paz, cuyo triunfo lo atribuyeron al supuesto apoyo del entonces titular de la Contraloría General del Estado en la administración del gobernador Miguel Alemán Velazco.
Y es que García Guzmán quedó bajo sospecha porque, en efecto, había montado una estructura política con aliados incondicionales a los que en ese sexenio acomodó en oficinas regionales de diversas dependencias del gobierno estatal. Inclusive tuvo la ocurrencia de montar hasta una Delegación de la Contraloría General del Estado en Pánuco.
La estrategia le funcionó, pues en la sucesión estatal de 2004 le resultó electoralmente rentable, ya que fue el único candidato priista a la diputación local que ganó en todo el norte del estado, donde arrasó coincidentemente el PAN.
Ahora, de Palacio de Gobierno, después de que no se atrevieron a intervenirle a García Guzmán la Tesorería municipal como inicialmente lo hicieron en el caso de Álamo-Temapache y que finalmente determinó la salida de la alcaldesa Blanca Batalla, estarían por aprovechar la rebelión que el síndico único Miguel Paz Ponce y seis regidores priistas han emprendido en contra del alcalde panuquense.
A García Guzmán lo acusan de utilizar facturas clonadas y apócrifas para justificar gastos tanto en el Ayuntamiento como en el DIF municipal; de inflar costos de obras públicas que asignó directamente a sus constructores favoritos; de encubrir obras “fantasmas”, o sea, no realizadas; de hacer mal uso de los cientos de miles de litros de gasolina donados por Pemex; de un presunto daño patrimonial por 12 millones de pesos detectado en el ejercicio fiscal antepasado; de realizar, en complicidad con la tesorera Marian Canales Simpson, tres erogaciones en 2008 por más de 209 millones de pesos “sin autorización conforme a la ley”; de encubrir a su incondicional, Miguel Madrigal Valdez, indiciado en la Averiguación Previa No. 50/2010, por presunta falsificación de firmas en documentos de obra pública, y, por si fuera poco, también de tener incrustados en la nómina municipal a un grupo de supuestos “aviadores” que operan políticamente para el PAN.
La situación de García Guzmán se ha complicado porque ha dejado de ser confiable para el gobernador Fidel Herrera, quien pretende mandar como candidata del PRI a la alcaldía a la directora del DIF estatal, Zita Pazzi, muy estimada por la familia Herrera Borunda.
Y es que la fidelidad del ex contralor alemanista quedó en entredicho al confirmarse desde finales del año anterior su presunta alianza con el virtual candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares –el peor enemigo político de Herrera Beltrán–, quien hace cinco meses, aproximadamente, acordó el nombramiento de Ricardo García Escalante, hijo del alcalde García Guzmán, como gerente regional de las tiendas del Issste en la zona occidente del país, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

SIRGO POR HUATUSCO
Huatusco, ya se sabe, es el terruño del senador Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del CEN del SNTE, quien ayer acompañó en Boca del Río a Miguel Ángel Yunes Linares en su toma de protesta como precandidato del PAN a la gubernatura.
Además, una hija del senador, Zaira Ochoa, es la presidenta municipal, y su otro hijo, Ulises Ochoa, quien fracasó en la pasada elección de diputado federal, es el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza (PANAL), que seguramente irá en coalición con el PAN en la elección local de julio próximo.
Esta circunstancia ha hecho que el PRI, quien a su vez irá aliado con el Partido Verde Ecologista de México, esté por postular a esa importante alcaldía a Juan Carlos Sirgo Martínez, un joven economista muy dinámico que viene colaborando desde hace cinco años con el gobierno de la Fidelidad y que además tiene fuertes ligas con el PVEM, pues su difunta madre, Luz María Martínez fue dirigente estatal de esta fuerza política, y su hermana Guadalupe Sirgo ha sido regidora y diputada local.
Juan Carlos Sirgo encabeza las encuestas y ha hecho importantes amarres políticos con organizaciones y sectores no sólo del PRI en el nivel municipal sino también con el magisterio y hasta con los influyentes párrocos de la región.