A partir del 1 de septiembre entra en vigor, según el reciente anuncio, el acuerdo entre los gobiernos de Puebla y Veracruz, un operativo estratégico para brindar mayor seguridad en los municipios colindantes de las dos entidades, lo que da una esperanza para aminorar los índices de violencia producto de una de las variantes más importantes de la delincuencia organizada, el popularmente llamado “huachicoleo”.

La práctica de robo de combustibles, antes mayormente conocida como chupaductos, y que ha existido por décadas principalmente en los lugares por donde cruzan los ductos, más en zonas apartadas de las comunidades rurales, es un modus vivendi de los delincuentes, con el que capos y líderes de estos grupos han amasado inmensa fortuna producto del saqueo de los productos de Petróleos Mexicanos al paso de los años.

En el 2018, según los informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública se contabilizaron al menos nueve estados de la República con un comportamiento crítico de la violencia como consecuencia de la disputa por el “huachicoleo”. Y entre ellos las dos entidades que esta semana suscribieron dicho acuerdo.

Según el listado son Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México, las entidades que enfrentan mayor problema.

Y es que queda claro que los números rojos con saldos sangrientos son producto del choque entre grupos del crimen organizado dedicados a la extracción ilegal de hidrocarburos ejercen la violencia como método para preservar los territorios donde tienen influencia.

Tan solo un dato es alarmante, en los nueve estados mencionados se registraron el año pasado 12 mil 353 homicidios dolosos, de los cuales 40 por ciento ocurrieron en municipios con ductos o “huachicoleros”.

La violencia en estos municipios se incrementó, pues al comparar con 2017 el número de asesinatos cometidos en esas regiones representaba 29 por ciento.

Fue el 2018 el año récord de asesinatos en esas demarcaciones, con más de 15 mil tomas clandestinas , pero lo más significativo, es que estos números representa un 45 por ciento respecto al año anterior.

Por ello la acción que fue un tanto inesperada, al anunciar los gobiernos de Puebla y de Veracruz las primeras cinco acciones conjuntas para combatir a los grupos del crimen organizado que operan en sus 69 municipios limítrofes. Fue en Tehuacán donde se dieron cita para anunciar dichas medidas.

Y pareciera acertado y despierta a los pobladores de esa región la confianza de que en realidad se logre abatir los índices de violencia. Apenas el 19 de mayo por la noche, se recuerda el episodio sangriento en Acultzingo cuando un grupo armado atacó a una decena de jóvenes que departía a la orilla de la carretera que va a Soledad Atzompa. Hubo dos muertos y al menos cinco heridos.

La famosa reunión estratégica de seguridad, arrojó que, de manera coordinada, se trabajará en cinco acuerdos básicos que contemplan la instalación de retenes de revisión y que abarca 33 municipios poblanos y 36 veracruzanos.

El gobernador Miguel Barbosa diría “tenemos información de las bandas criminales, de quienes las encabezan, así como los reclamos y necesidades de la gente”.

Y a su vez el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García anunciaría los puntos: 1.- Compartir diagnósticos con base en los índices delictivos entre los 33 municipios poblanos y 36 veracruzanos; 2.- Implementar operativos conjuntos y coordinados entre las fuerzas estatales y federales; 3.- Intercambio de información de inteligencia; 4.- Mantener una coordinación con la federación mediante las Mesas de Construcción Para la Paz que el presidente de la República ha implementado en todo el país; 5.- Colocar puntos de revisión fijos e itinerantes en las zonas limítrofes de ambas entidades.

Aunque despiertan interés dichos acuerdos y ojalá se traduzcan en acciones inmediatas, habría que esperar a que los índices muestren una reducción en los siguientes días para evaluar la efectividad de las acciones.

Y es que en enero de este año se dio a conocer que de los 40 municipios con mayor ordeña de ductos, cuatro de ellos se encuentra en Veracruz, entre estos, Ixtaczoquitlán, Tierra Blanca y Omealca, mientras que en Puebla al menos nueve están en la lista.

Pero el huachicoleo no parece ser lo único que obligó a ambos gobiernos a blindar sus territorios y a sumar acciones con las del gobierno federal al enviar al menos 400 elementos de la Guardia Nacional a la zona, sino que también hay algo más que desestabiliza y pega a la región, el robo de trenes.

Es esa parte de la zona centro y serrana de Veracruz la que reclama principalmente tener un alto a la violencia que junto con el sur de la entidad parecen ser las más castigadas por la violencia y la inseguridad. Que estas acciones se reflejen de inmediato es lo que agradecerán los veracruzanos para que estos acuerdos no sean solo saliva o queden plasmados en papel sin ningún resultado tangible.