La idea del próximo gobierno federal de crear un tabulador de sueldos y prestaciones, donde nadie pueda ganar más que el Presidente de la República, constituye un hecho positivo que evitará que algunos funcionarios públicos abusivos se autoasignen salarios de ensueño, que agravian a la ciudadanía, que no corresponden a la situación que vive el país y que con frecuencia tampoco son acordes con el desempeño, la responsabilidad y la carga de trabajo que tienen dichas personas.

Esperamos que esta medida sea aplicable también a las pensiones estratosféricas que algunos de ellos reciben.

Sin embargo, hay un problema que debemos señalar a tiempo. Al fijarse un tope de sueldo tan bajo para el Presidente de la República, los demás sueldos deberán ser por Ley inferiores a este, lo que hará que muchos funcionarios capaces y experimentados que actualmente tienen sueldos decorosos, prefieran dejar la administración pública para conseguir otro empleo mejor remunerado, quedándose solamente los menos calificados. Si ya el gobierno por su obesidad es ineficiente, imaginémonos lo que pasará ahora si los menos preparados toman el mando.

Lo grave del asunto es que algunos funcionarios capaces se quedarán en sus cargos, pero buscarán la forma de nivelar sus ingresos inventando compensaciones, viáticos injustificados o de plano cayendo en la corrupción.

Para poner las cosas en contexto, es preciso aclarar que un salario de $108 mil pesos mensuales los gana un director de una empresa mediana, sin tener la responsabilidad ni correr los riesgos que enfrenta el presidente de nuestro país.

En mi opinión, debió de hacerse un estudio previo para elaborar un tabulador con salarios competitivos, similares o incluso mejores que los que paga la iniciativa privada, para poder captar y contratar a personas suficientemente calificadas que ayuden al gobierno a funcionar con  eficiencia.

Si realmente querían reducir los gastos destinados a salarios, debieron haber pensado primero en reducir la enorme plantilla laboral que tiene la administración pública, dando de baja y liquidando conforme a la Ley a quienes no tienen las capacidades necesarias para desempeñar los cargos que ostentan, pero que están ahí por recomendaciones políticas o por sus relaciones familiares; a los que sobran porque tienen asignada muy poca carga de trabajo, a los que no tienen gran cosa que hacer, pero con tal de justificar su sueldo inventan trámites inútiles que solo complican la vida de los ciudadanos y también, deberán darse de baja a los que de manera desvergonzada no van a trabajar y solamente se presentan a cobrar. Esta poda a la administración pública ayudaría más que una reducción de salarios hecha a rajatabla, sin estudio previo y basados en las ocurrencias de quien sabe quién.

Con los ahorros obtenidos podría atenderse mejor la infraestructura, la salud y la educación, quedando además recursos suficientes para pagarles un mejor sueldo a los que desempeñan su trabajo con eficiencia, calidez y espíritu de servicio. A quienes con su desempeño hacen funcionar la administración pública de nuestro país.

Recordemos que con la tecnología actual y el uso de las computadoras, gran parte del personal administrativo sale sobrando, pudiendo canalizarse los ahorros logrados para contratar personal operativo, verdaderamente calificado que atienda las áreas donde hay tantas carencias.

Quieren un ejemplo clarísimo: Más médicos y enfermeras en los hospitales y menos personal administrativo.

Ojalá y todavía pueda hacerse algo, antes de que las decisiones tomadas por la 4ª transformación resuelvan en teoría algunos problemas, pero en la práctica generen otros mayores y más complejos.

¿No les parece a ustedes?.

 Muchas gracias y feliz fin de semana.