En declaraciones hechas por el entonces diputado federal, Miguel Ángel Yunes Linares en septiembre del 2015 denunciaría que se estaba autorizando en el Congreso Local del estado un contrato de 7 mil millones de pesos a la empresa brasileña “Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A.”, cuyo dueño Marcelo Odebrecht  estaba en la cárcel por corrupción, desvío de dinero y sobornos.
 El negocio inicial para éste, entre otros como la operación de una planta hidroeléctrica, era la administración del servicio de agua potable que posteriormente fue otorgada a Aguas de Barcelona en fusión con la mencionada firma brasileña.
 En julio del año pasado entró en operaciones, y de acuerdo al director del GRUPO MAS, Arturo Zorrilla ésta, inició sus trabajos tras desaparecer SAS autorizado por la Legislatura, con una derogación millonaria para mil 500 trabajadores a un promedio de 100 mil pesos cada uno.
 Seguro que es una inversión más que garantizada, pues para dedicar vía préstamo 150 millones de pesos tan solo para finiquitar al recurso humano es sin duda más que un excelente negocio. A esto hay que agregar lo destinado al sistema operacional, infraestructura y otros gastos más.
 Qué significan estos antecedentes sobre lo que ocurre en el tema del agua en Veracruz? Pues, apenas este sábado se registró una protesta por la falta del vital líquido por parte de colonos del fraccionamiento Costa Dorada en el norte del puerto de Veracruz.
 Si bien el gobierno estatal puede deslindarse o bajo el argumento de que este asentamiento no se encuentra municipalizado no dar respuesta a la demanda de los ciudadanos de ese lugar, el hecho es que tienen más de doce años sin el servicio. Y que aunque se diga lo contrario es un problema social dentro del estado de Veracruz.
 Y en tanto para el organismo del agua potable incumbe de alguna u otra forma la dotación del mismo. Pese a que se diga que el fraccionamiento no ha sido entregado al ayuntamiento. Un eterno problema de burocracia o reglamento de urbanidad que no ha sido observado pues es constante encontrarse con ese mismo circulo vicioso entre constructores y autoridades.
 Esto derivó en que el mandatario veracruzano, Miguel Angel Yunes dijera en rueda de prensa este domingo que el uso de la fuerza pública con saldo de varios lesionados era necesario porque estaban bloqueando una vía federal por horas. Y causando serios perjuicios.
 Se deslindó –igual que lo hacía en estos casos Javier Duarte- de que es culpa del ayuntamiento, y no es problema de los gobiernos estatal y federal. Que están de intermediarios en una mesa de negociaciones entre colonos y ayuntamiento pero que los primeros son, poco faltó para decirlo, unos berrinchudos que no quieren entrarle a los acuerdos.
 Ante el uso de la fuerza pública, la diputada Mariana Dunyaska culpó también al gobierno municipal pero fue más directa en un tema que ha sido insistente en su agenda y es, precisamente, que el Grupo MAS es quien debe comunicar las acciones realizadas en torno a la situación que padecen los habitantes afectados, pues asegura, esto es una muestra más de los malos resultados del organismo, en donde “seguimos sin ver la millonaria inversión para atender este tipo de problemas”.
 En su calidad de vocal de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento no dejó de señalar que han pasado 12 años, más de 3 administraciones municipales en Veracruz, y ninguna ha hecho nada por solucionar el servicio de agua en el Fraccionamiento Costa Dorada, donde Fidel Herrera y Javier Duarte, hicieron arreglos con la empresa Homex para realizar obras fuera de las normas del desarrollo urbano municipal,  con el grave problema de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, además de energía eléctrica.

 Llama la atención que a pesar de su filiación panista ha exigido que se respete el derecho a la libre manifestación,  y que el secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez, ordene investigar el grado de fuerza utilizado en el desalojo de los manifestantes, a fin de dar una explicación sobre los hechos ocurridos el sábado10 de junio, para que en su caso se sancione a los responsables.
 Bien por la diputada, en donde al menos, se ve que tiene claro la labor de un legislador, y no como es el caso de muchos otros que se paran a alzar la mano en el Congreso para justificar sus onerosos salarios.
Pero en torno al corrupto tema de MAS, es curioso que antes no haya hablado ni el gobernador ni el alcalde en turno de Boca del Río de esto, salvo cuando se hizo hincapié en la autorización del millonario contrato que les concedió Duarte.
 Es el agua un negocio en puerta o los alcaldes, todos emanados del PAN, y dependientes del régimen yunista actuarán con honestidad, con cero corrupción, lo que tanto criticaron hizo el gobierno del duartismo?
 Velarán al cien por ciento por un mejor servicio, con un mejor abasto, con mejor sistema de drenaje que evite inundaciones y mayor calidad del agua si se otorga a alguien más?