Al menos en tres temas a la vista el gobierno del Estado que encabeza Miguel Angel Yunes Linares ha recibido resultados en contra en sus decisiones. Ya sea de alguna “orden ejecutiva” ahora que está de moda el nombre de las medidas con Tromp como el caso del embalsamiento de toros en Tlacotalpan; un proceso legal como el que se inició contra un duartista; y hasta en el escándalo por las medicinas caducas o falsificadas con el descrédito del gobierno federal.
 Algo no está funcionando bien en el esquema del nuevo régimen de gobierno o simplemente no hay un adecuado sentido calculador. Y por ello en las operaciones emprendidas se topan con pared.
 Esta semana inició con la libertad del único funcionario del gobierno de Javier Duarte que a dos meses de haber tomado posesión se había metido a la cárcel  y representaba el inicio del encarcelamiento de los “corruptos” ex funcionarios que prometió en su campaña el ahora gobernador. Se trata del director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Leonel Bustos a quien la Fiscalía del Estado ha señalado como responsable de un desvío de 2 mil 300 millones de pesos.
 El funcionario responsable del Seguro Popular fue remitido al juzgado con sede en Pacho Viejo, mismo lugar a donde fue recluído el pasado 20 de enero, pero se le ha concedido la libertad para proceder a las investigaciones por un plazo de cuatro meses, sin que esto quiera decir que necesariamente habrá de regresar a la cárcel. A la Fiscalía solo le queda inconformarse ante la determinación de suspensión provisional dictada por un juez federal.
 En otro tema, se trata de la instrucción emanada de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Fiscalía General del Estado (FGE) con la que se prohíbe el uso de toros en las festividades religiosas de Tlacotalpan y Teocelo.
 El anuncio fue en primera instancia hecho por la secretaría de Turismo, lo que ha molestado inicialmente al alcalde de Tlacotalpan que ya tiene la fiesta encima y arrancó este martes con la acostumbrada “cabalgata” al señalar que sería el quien debería dar la noticia al pueblo pues este se encuentra más que molesto, precisamente ayer el edil Homero Gamboa Martínez reiteró que el gobierno estatal es el responsable de “lo que pueda pasar por esta determinación”.
 Sin embargo, hay que recordar que por años esta lucha ha sido sostenida por los grupos ambientalistas y defensores de los derechos animales en contra de las vaquilladas de Teocelo y Tlacotalpan, y el embalse de toros que se realiza cada primero de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, en el río Papaloapan. Ahora, sienten que han ganado su permanente demanda.
 El problema, ha advertido el edil tlacotalpeño, es que la población está inconforme de que se suspenda el tradicional embalse de toros, pues el impacto moral “será terrible” en el turismo, además del perjuicio económico cuya bonanza solo se presenta en esta época del año.
 Su argumento es que “hemos transcurrido con tres fiestas y los toros salen sanos, van a un corral y regresan a su hábitat”. Lo cierto, es que es una fiesta por demás tradicional que caracteriza a la entidad pero que siempre ha estado entre el pro y contra de lo que representa el uso de toros en esta celebración.

Finalmente el gobierno estatal ha tenido que enfrentar un tercer choque pero con la Federación tras la denuncia pública del mandatario veracruzano en el sentido de las decenas de miles de medicamentos que Yunes ha acusado son falsificados. Y que tuvieron que ver con la mala aplicación de tratamiento quimioterapéutico.

 El secretario de Salud federal, José Narro prácticamente ha desmentido tal hecho, o por lo menos no ha dado crédito a las palabras del Ejecutivo, ya que asegura no se han presentado las pruebas contundentes.

 En una reunión con Senadores del PRI en la ciudad de México este martes el secretario de Salud expuso “no hemos encontrado ninguna evidencia hasta este momento y sí hemos encontrado que se ha generado en la población una desconfianza, una incertidumbre y una duda en las instituciones pero también en los niños que tienen un problema y que en ese momento sus padres duda de si llevarlos o no llevarlos”.

 Lo que si confirmó es que ha habido hechos vergonzosos indignantes como medicinas caducas y las casi 50 mil pruebas del VIH para detección del Sida que carecieron de registro y no fueron utilizadas.

 Quizá lo que falta es que entre tanta información se haga una clasificación de las denuncias, sobre lo    que son las medicinas caducas, falsificadas y la famosa y terrible acusación en el sentido de que se inyectó agua a los niños en tratamiento contra el cáncer.

 El punto es que el gobierno yunista deberá meterle más sentido a sus señalamientos, acciones y demás, para que no sean rebatidas o como en el caso del funcionario del gobierno anterior, dejado en libertad con tal facilidad que pone en evidencia a la justicia veracruzana. Y los bonos para esta administración no repuntan como quisiera.

 

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