El desastre social, económico y político que vive el país quiere ocultarse a como de lugar. Ante la gran derrota electoral del gobierno peñista en los pasados comicios estatales, el quiebre de los principales indicadores económicos, los magros resultados de la reforma energética y la suspensión en los hechos de la reforma educativa ante el empuje popular, Peña Nieto y su equipo maniobran por todos lados para evitar que se derrumben aún más sus niveles de aprobación ciudadana y administrar los daños de aquí hasta que termine el sexenio. Por todos lados hace agua este gobierno. La aplicación autoritaria de la reforma educativa no tomó en cuenta el alto nivel organizativo y la fuerte vinculación con los padres de familia y las comunidades en donde se asientan los planteles educativos, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El secretario de Educación, empeñado en sobresalir en la recta final de la sucesión presidencial priísta, quiso dar el golpe final a la CNTE inmediatamente después de las elecciones con actos represivos en contra de connotados dirigentes y desalojando los plantones que se habían extendido en Oaxaca y varios rumbos del país. La tragedia de Nochixtlán marcó para siempre el rumbo de Nuño y la reforma educativa en curso. Pero tratando de ocultar su fracaso, el gobierno apostó por revivir la entelequia de sindicato nacional llamada SNTE, proponer un “nuevo modelo educativo” que someterá a consulta en unos apresurados foros en el plazo de un mes y llamar a las fuerzas vivas del sistema, desde las cámaras empresariales hasta los gobernadores encabezados por el obsequioso Graco Ramírez, para seguir denostando a los maestros agrupados en la CNTE y apoyar ya no la reforma educativa sino el “nuevo modelo educativo”. Todo con tal de no aceptar la derrota y ganar tiempo. En este esquema se inscribe la decisión de los directores del INEGI, el anterior y el actual, de servir de tapadera del fracaso social que significa la política de combate a la pobreza. Resulta que el INEGI acaba de publicar los resultados de la encuesta referida como Módulo de Condiciones Socioeconómicas, ya no con la base metodológica que se venía utilizando en la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares sino con otra muy distinta que obliga a los encuestadores a regresar a preguntar a los encuestados ante la sospecha de que la gente
miente sobre sus ingresos. Por ello las cifras publicadas se disparan enormemente respecto a las de 2014. Por ejemplo, en 2015 dicho Módulo reporta un incremento en los ingresos de todos los mexicanos del 15%, en tanto que el 10% de los más pobres, aproximadamente 12 millones de mexicanos, crecieron en sus ingresos 37.2%. En cambio, el 10% que están en la cúspide de los mejores ingresos, sólo crecieron modestamente 10.4%. Según estos datos la desigualdad se redujo pues los más ricos del país tienen ahora 19.8 veces más ingresos que los pobres, en tanto que en 2014 esta diferencia era mayor, 24.6 veces. Algo difícil de creer. En la escena veracruzana dichos datos son risibles, por increíbles. Mientras que los más pobres obtuvieron 37.1% más en 2015, los más ricos sólo aumentaron sus ingresos 1.5%. Aparentemente, la brecha de la desigualdad en nuestro estado se redujo enormemente, de 20.7 veces que era la diferencia de ingresos entre los ricos muy ricos y los pobres muy pobres, bajó a sólo 15.3 veces. De esto resultaría que en Veracruz somos más igualitarios que en el resto del país, algo totalmente diferente de la realidad que palpamos día con día. Por supuesto, como lo afirma el INEGI, estos datos no son comparables con los de 2014. Pero por lo mismo, son inservibles como dato estadístico pues se pierde la serie histórica de la pobreza y la desigualdad en el país. Nos enfrentamos con una política de Estado de encubrimiento de la verdad, que falsea la información que debiera servir de base de la evaluación gubernamental y, por lo tanto, de la planeación del desarrollo, la cual se establece como obligación de Estado en nuestra Carta Magna. Ya el CONEVAL desistió de presentar su evaluación anual pues, coloquialmente hablando, no puede comparar peras con manzanas. Ya hay una renuncia en la dirección de estadísticas del INEGI. No obstante, las consecuencias son muy graves como para dejar contentos a los ciudadanos con una renuncia de mediano pelo. El Estado mexicano debe de garantizar la autonomía del INEGI, reparar el error de fondo y enfrentar las consecuencias de sus políticas. Los lectores tienen la palabra.
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