El asesinato a mansalva del periodista, Pedro Tamayo Rosas, en su domicilio en Tierra Blanca viene a colocar nuevamente a Veracruz, de forma indignante, en el escenario nacional e internacional. Nuevamente la delincuencia, de mano de la impunidad y el mal gobierno, enluta el que debiera ser el espacio sagrado de todo ser humano: su hogar, su familia, su vida. Un comunicador asesinado es una voz silenciada de forma criminal, al que no se le pudo acallar ni con dádivas ni con amenazas. Hoy no tenemos muchas cifras que den cuenta de lo que ocurre en la Escena Veracruzana sino sólo una que por escuálida, humilde y solitaria cala más fuerte en nuestra conciencia: 18. Dieciocho es el siniestro número que le toca a Pedro Tamayo Rosas en la lista de periodistas ultimados en este sexenio de villanías y pesadillas en que se ha convertido el periodo duartista. Dieciocho comunicadores que fueron amenazados directa o indirectamente tanto por el crimen organizado como por gobiernos de distinta laya. Es ya tristemente célebre la reunión en que el gobernador advertía a los periodistas reunidos en Poza Rica con la frase “pórtense bien”, sobre sus pasos que estaban vigilados. Dieciocho profesionales de la comunicación para los que se ha prometido dar con los culpables, agotar todas las líneas de investigación, respuesta inmediata, sin que a la fecha haya un solo caso resuelto a satisfacción ni media línea agotada. Dieciocho veracruzanos de nacimiento o de convicción que ejercieron una profesión convertida a de muy alto riesgo en Veracruz y en cuya causa se erigió una fiscalía especializada, que solo ha ido especializándose en incompetencias, evasivas y dilaciones sin fin, que ha prometido dar protección a los comunicadores amenazados, infructuosamente, como en el caso de Pedro, del que el gobernador se jactaba de haberlo repatriado de Oaxaca, a donde se refugió cuando huía de las amenazas, y al cual prometió seguridad y protección. En 2011 fueron ultimados 4: Noel López Olguín (quien trabajaba para Horizonte, La Verdad y Noticias de Acayucan); Miguel Ángel López Velasco, periodista de Notiver; su hijo Misael López Solana, fotógrafo del mismo medio; y Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver. En 2012 fueron asesinados Regina Martínez
Pérez, corresponsal de Proceso; Guillermo Luna Varela y Gabriel Huge Córdova, fotógrafos de Notiver; Esteban Rodríguez Rodríguez, reportero del periódico AZ; Víctor Manuel Báez Chino, reportero del sitio reporteros policiacos.com. En 2014: Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero del diario Notisur. Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono En 2015: Moisés Sánchez Cerezo, director de La Unión de Medellín; Armando Saldaña Morales, periodista de la estación La Ke Buena; Juan Mendoza Delgado; director del portal Escribiendo la verdad; Rubén Espinosa Becerril, corresponsal de Proceso y Cuartoscuro en Veracruz. Los casos más recientes eran en este año los de Anabel Flores Salazar, reportera del periódico El Buen Tono y de El Sol de Orizaba y Manuel Torres González, del portal de noticias MT de Poza Rica. Además, todavía permanecen en desaparición forzada desde 2012 los periodistas Sergio Landa Rosales, del Diario de Cardel; y Miguel Morales Estrada, fotógrafo del Diario de Poza Rica. No olvidemos estos nombres ni la cifra siniestra. Según los teóricos modernos, un Estado fallido es aquel en donde las instituciones públicas fallan en sus objetivos de procurar la justicia, seguridad y protección a los bienes y a las personas y condiciones de bienestar y de paz. En México, y en Veracruz con mucho ahínco, estamos dando cátedra en teoría del Estado Fallido. Si en el país asistimos al penoso espectáculo de un gobierno que pone al país en riesgo de revueltas e ingobernabilidad y arremete en contra de ciudadanos desarmados como en Nochixtlán, en Veracruz ese penoso escenario está cada vez más lleno de tumbas. No sabemos, ahora que ya está nuevamente en suelo veracruzano la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuántas fosas clandestinas más se hallarán. Del desastre político a los altísimos y criminales niveles de corrupción, pasando por el fomento a la política privatizadora de los servicios públicos, el robo a pensionados y a la UV, los altos índices de criminalidad contra jóvenes y mujeres, todo configura un estado de excepción, fallido y de muerte. Veracruz merece otro futuro. Los lectores tienen la palabra.
marco.a.medinaperez@gmail.com