Con la reciente aprobación de la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, el gobierno federal no ha hecho sino cerrar el pozo después de tener al niño ahogado. Con dicha ley se pretende poner un freno a la contratación desmesurada de nuevas deudas, poniendo más requisitos, un sistema de alertas, obligar a procesos de adjudicación competitivos y la aprobación de los empréstitos con un mínimo de las 2 terceras partes de la Legislatura local. En la presentación de dicha ley, el Ejecutivo federal informó que las deudas de estados y municipios han crecido de forma desproporciona desde 2008 (a un ritmo de crecimiento anual real de 14.5%). No obstante, señaló que éstas no ponen en riesgo al País. Lo cierto es que dichas deudas se han convertido en un dolor de cabeza para muchos estados y municipios, al grado de que ha quedado comprometido su futuro décadas. Para poner un ejemplo, Veracruz debe 133 por ciento el monto de lo que recibe por participaciones federales, es decir, en términos coloquiales, debe más de lo que gana. La contratación de deudas exorbitantes no es sino el fiel reflejo de las decisiones autoritarias, frívolas, irresponsables y con un alto grado de corrupción involucrada, que se toman en el País y en muchos estados. En ambos casos campea la impunidad. La falta de control por parte de la sociedad y los órganos constitucionales de contrapeso, la anuencia legislativa a ciegas, la expedita y unánime aprobación de las cuentas públicas, ha permitido que cada vez que los gobiernos en Veracruz tienen problemas financieros, el expediente fácil sea recurrir a un mayor endeudamiento. Hoy en día, el conjunto de las deudas de los estados y municipios del País asciende a 563 mil 269 millones de pesos. Ha crecido 2.8 veces desde 2008. La mala administración y la corrupción, la baja recaudación fiscal local, el boom del crecimiento de las pensiones, y otras razones, han creado una situación crítica. En Veracruz se va a heredar a la nueva administración un estado en ruinas finan
cieras. Las arcas municipales, además de magras, estarán en muchos casos en bancarrota. Un ejemplo es Tuxpan, que debe 200 millones de pesos al IMSS, según nos enteramos por nuestro diario IMAGEN. Si consideramos que este municipio tuvo el año pasado 131 millones de pesos de participaciones federales, su principal rubro de ingresos, veremos el tamaño de su deuda, tan solo en este aspecto. Administración tras administración, desde la encabezada por Jerónimo Folguera hasta la de Alberto Silva Ramos, se dejaron acumular deudas sin hacer nada al respecto. Los nuevos legisladores, usando el andamiaje de la ley de marras, deberán poner freno a estas tendencias, pero podrían también hacer otros ajustes. Un punto importante en materia de ingresos será dotar a los municipios de nuevos instrumentos para hacer frente a sus deterioradas finanzas locales. Los municipios solo participan del 21% de las participaciones y aportaciones que recibe Veracruz. Es tiempo de poner al día la legislación correspondiente para que los gobiernos municipales tengan más ingresos y eviten la contratación de más deuda. La dependencia de Veracruz de las participaciones y aportaciones federales, al grado de constituir en este año el 91 % del total de sus ingresos, habla de la escasez productiva y la poca eficacia recaudatoria del gobierno veracruzano. ¿Cómo es posible que un estado tan rico como el nuestro genere tan pocos ingresos propios en el orden recaudatorio? Y no estamos hablando de aumentar impuestos sino de cerrar la válvula por donde se escapa gran parte de la recaudación. En ambos casos será necesario dotar a la sociedad de instrumentos de participación ciudadana para evitar los abusos que se han cometido y el uso discrecional y patrimonialista de las finanzas públicas. En esta y otras materias, los electores tienen la palabra.
marco.a.medinaperez@gmail.com