Tras el discurso de este martes del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa en el sentido de que no más justos por pecadores, con el argumento del daño que le ha causado a ese instituto político la práctica de la corrupción en distintos ámbitos de gobiernos y entidades públicas, sea como fuese, parece que ahora si algunos servidores públicos se sienten motivados para entrarle al toro por los cuernos. Y otros son sentados en el banquillo de los acusados.
En Veracruz, ya el gobernador Javier Duarte ha abierto el abanico, para que quienes sean señalados de estos actos en presunto perjuicio de la administración pública procedan conforme a derecho, pero en otros casos solitos se van por la borda, y como no, si no se han medido para buscar ser juez y parte, cuando saben que están más que manchados por prácticas malsanas.
Caso específico es la ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David durante la administración 2008-2010, a quien ser incluida en la terna para fiscal anti corrupción que proponía el poder ejecutivo solo le valió ser desnudada públicamente de todos los hechos de desvíos de recursos públicos.
El mensaje del dirigente tricolor ungido y respaldado por una buena parte de los sectores de ese partido inició con un discurso fuerte, como para arrancar con la ciudadanía una intención de cambio en la imagen de corrupción que ha invadido a ese partido, frenar el desencanto de la población para con este instituto político, lo que no solo tendrá que ir en el discurso sino requerirá de muchos hechos.
En ese momento, es cuando el cabildo de Minatitlán aprovecha para que un caso específico pueda ser castigado. Y precisamente se trata de quien pretendía enjuiciar los hechos de corrupción siendo la principal protagonista.
Ya no podrá serlo pues ha sido retirada la propuesta tras la controversia constitucional que la PGR interpuso en la Suprema Corte sobre los nombramientos de este tipo en los estados, pero ha quedado al descubierto la enorme cola que le acompaña a la ex munícipe del sur de Veracruz. Y ahora se voltea la tortilla.
Dentro del expediente, la Fiscalía cuarta en Xalapa inició el procedimiento necesario para indagar algunos de los incumplimientos de obras, pagadas y no construidas. El caso más escandaloso es el puente Capoacán, por la compañía constructora Secor S.A de C.V. con un subejercicio de 155 millones de pesos, pues de los 300 metros de largo que habrían de construir no se realizó ni el 5 por ciento.
El síndico de aquel ayuntamiento ha interpuesto otra denuncia más sin bajar la guardia, y seguramente que si el PRI ha puesto las barbas a remojar, y se siguen los lineamientos dictados desde la Presidencia de la República, sobre este asunto tendrá que arrojar resultados esta solicitud de denuncias.

MUY EN CORTO

ALCALDES, SI O NO, CON DUARTE.
Por un lado, el senador del PRI, Héctor Yunes Landa acusô a su compañero de partido, al gobernador Javier Duarte de presionar a los alcaldes veracruzanos para extender y difundir un desplegado a su favor, bajo amenazas.
Pero por otro, el PAN a través de su diputado local, Alejandro Zairick Morante, criticó que "el que se muestre un respaldo incondicional al Gobernador, Javier Duarte de Ochoa por parte de 128 alcaldes de la entidad es una falta de respeto a los ciudadanos y se convierten en cómplices de la impunidad".
Tal parece que no queda claro si los alcaldes firmaron con amenaza un manifiesto de 128 de ellos. Es algo difícil de creer que hayan sido advertidos siendo tantos ediles que le apoyan.
Y por otro lado, la acusación del panista deja ver que efectivamente se trata de un respaldo incondicional.
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