Lo de Juan Bueno y Gerardo Buganza, expanistas que renunciaron a su partido político tiene el sello de la casa de gobierno, cuyo único propósito es dividir el voto y quitarle sufragios a los dos aspirantes que se perfilan, tanto al de Morena como al de la alianza de la izquierda y de la derecha veracruzana.

Es una estrategia utilizada por el partido en el poder, conscientes que entre más candidatos participen, obviamente habrá menos votos y crean un mayor desconcierto entre la gente cuando son varios los políticos que aparecen en la boleta. Es lo más cómodo con esta atomización en el ejercicio de ejercer el sufragio ciudadano lo que más le conviene al abanderado del partido tricolor.

El problema en el país y en cualquier entidad como Veracruz se le complica al PRI si la gente sale a votar. Cuando hay cola en las casillas lloran los del partido en el poder, lo único que quieren son aquellos que vendieron por hambre su voto.

Al exdiputado federal, Juan Bueno Torio, lo vieron salir a mediados de septiembre del departamento en el puerto jarocho que posee el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Por obvias razones se le pidió al reportero de este medio que no lo diera a conocer.

De allí que la renuncia de Juan Bueno Torio no resultaba ninguna sorpresa de acuerdo al plan de dividir a los azules, maniobra electoral que fuera hecha con mucha anticipación.

Durante 22 años de su quehacer político estuvo afiliado al partido Acción Nacional, iniciándose como diputado federal en la histórica legislatura donde el PRI perdió la mayoría.

No se puede asegurar que en el caso de los dos cordobeses, Gerardo Buganza Salmerón y del exdirector de Pemex, Bueno Torio, se les convenció con sólidos argumentos económicos provenientes del presupuesto estatal para que buscaran la candidatura independiente.

Por lo pronto, recibirán cinco millones de pesos para sus precampañas. Al parecer resulta un buen negocio el participar ajenos a los partidos políticos.

Que desaparezca la Comisión de los Periodistas

Tanto diputados locales como Julen Rementería, como académicos universitarios, los propios reporteros, fotógrafos, redactores y articulistas veracruzanos han pedido al gobernador Javier Duarte de Ochoa que desaparezca la inoperante por falta de resultados de la costosa Comisión Estatal de Protección de Periodistas. Institución creada por petición formulada por el Colegio de Periodistas de Veracruz al entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán y que fuera desde su creación un gran éxito judicial por las soluciones y consecuencias benéficas que se alcanzaron para los que se dedican al oficio de la comunicación.

Los diputados locales de varios partidos políticos aseguran que no se justifica el presupuesto millonario en una institución desacreditada cuando se nombraron a directivos con otros fines muy ajenos al apoyo que requieren en circunstancias difíciles que confrontan los redactores.