JUSTICIA DENEGADA, SINÓNIMO DE IMPUNIDAD

• El desinterés de la Procuraduría de Veracruz por invertirle al nuevo sistema penal


@magzamu

La justicia denegada, es sinónimo de impunidad, y en México estamos colmados de ello, y es que en el día a día, de una búsqueda por lograr una justicia pronta y expedita, por un acceso a la justicia digno, se llevan a cabo transformaciones al ámbito jurídico, como lo es el nuevo sistema de justicia penal, pero justo aquí es donde nos topamos con otra realidad, la negación de las autoridades a aceptar nuevos ordenamientos donde los expedientes ya no se pueden acumular toda una vida, y luego argumentar prescripción.
El tema me vino a la mente, justo ayer que compareció el Procurador de Veracruz, y muy a la par con el reclamo de los 400 pueblos que desde ayer se encuentran en la ciudad de México, encabezados por Cesar del Ángel Fuentes y es que hace apenas algunos días, la Procuraduría que encabeza, Luis Ángel Bravo, reconoció el daño causado al líder y alguno integrantes de dicha organización por ex funcionarios y ex gobernadores, pero muy a pesar de ello, la resolución fue el no ejercicio de la acción penal debido a que los delitos cometidos en su contra ya habían prescrito.
Es decir, como en muchos casos, la respuesta fue un ¡usted disculpe!, reconociéndose el daño causado pero negándose la justicia y así la Procuraduría del Estado de Veracruz, al no ejercitar la acción penal en contra de los denunciados, convalida la impunidad con que actuaron, por lo cual, la organización en mención interpuso una queja por la actuación omisa de la autoridad estatal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Buscando así como lo establece la propia Ley General de Victimas el esclarecimiento de los hechos y la verdad histórica de lo sucedido donde fueron violados sus derechos humanos, de ahí que los 400 pueblos solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita recomendaciones al Procurador, Luis Ángel Bravo para que se proceda al resarcimiento que comprende la reparación integral de los daños sufridos y el pago de los daños causados, así como la publicidad de los nombres de los ex funcionarios que durante los años 1992 a 1998 violaron sus derechos.
De ahí que solicitaron la inhabilitación de ex funcionarios para el ejercicio de funciones públicas por el periodo de 20 años tal cual lo establece la legislación; el anterior caso es un ejemplo más de la justicia denegada en nuestro país; tan común en un escenario donde las autoridades se niegan a acatar los nuevos ordenamientos, actuando con impunidad permanente y sin compromiso alguno por favorecer a las víctimas de delito.
Nuestra Constitución Política es clara y precisa que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, como se consigna en el Artículo 17 y es que el Acceso a la Justicia es un derecho humano que constituye el pilar principal de un sistema democrático, cuya razón debe ser garantizar los derechos humanos a todos por igual.
El acceso a la Justicia para ejercer tales derechos y defender las libertades es vital en un sistema legal moderno e igualitario; de ahí que el estado no solo debe abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del derecho a acceder a la justicia sino que debe adoptar acciones positivas y remover los obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.
Pero en Veracruz, al igual que en todo el país, pese a las modificaciones legales, y la implementación del nuevo sistema que en el 2016 deberá estar operando en todo el país, existe una cerrazón de las autoridades para brindar las herramientas que permitan el cumplimiento estricto de lo establecido en dichas normas.
Así vemos, por ejemplo, que en Xalapa, donde se opera ya con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se cuenta con oficinas obsoletas, inadecuadas, donde se brinda un trato indigno a las víctimas del delito, aunado a la falta de agentes del ministerio público y de personal capacitado y así pareciera que las reformas emprendidas son letra muerta.
En la entidad no hay inversión para la operación del nuevo sistema de justicia penal, ni material, ni humana, y resulta una verdadera lástima el desinterés de las autoridades y mientras el Procurador habla y habla de las bondades de su área y los avances, la realidad muestra otra cosa, con acciones que en nada contribuyen a combatir la impunidad donde la justicia denegada, a través de un ¡usted disculpe! argumentando prescripción, es una constante.