La reforma electoral federal despojó a los congresos de los estados la facultad de designar a los integrantes de los órganos electorales locales; la regla es la de blindar estos nombramientos de cualquier injerencia de los gobernadores o de otros actores políticos.
De golpe y porrazo se acabaron los recomendados, se terminó todo intento de sugerir o de ejercer presión para que llegara algún consejero acorde con los intereses de los gobiernos estatales o de los partidos políticos.
De acuerdo con la ley, algunos de los actuales consejeros podrían ser ratificados en sus cargos por el INE, sin embargo, los grupos de oposición han acusado a los consejeros de estar al servicio de los gobernadores y del PRI.
Los informes que tiene el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hijo de Arnaldo Córdoba, militante de la izquierda, es el caso del estado de Veracruz, donde habrá una renovación completa por tener nexos con los gobernantes en turno. Aseguran que la presidenta Carolina Viveros y consejeros poseen una identificación con el partido político en el poder. El consejero Ciro Murayama advirtió que cualquier aspirante a consejero electoral que llegue promovido por algún partido político o un gobernador, nos están diciendo que dicho candidato no reúne las características propias que exige la Constitución para formar parte de un órgano electoral.

La venganza priista
Hoy se cumple un aniversario más de la matanza del Jueves de Corpus, que marcó la salida del entonces regente de la ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez y su equipo de trabajo. No obstante a haber llegado a la presidencia del Comité Nacional del PRI, fue expulsado.
Luis Echeverría no quiso quedarse con las manos manchadas de sangre estudiantil de su antecesor Gustavo Díaz Ordaz.

El show de las auditorías
El tema de las auditorías que realiza la ASF sobre el manejo de los recursos públicos se queda solamente en un simple show temático, no obstante las denuncias presentadas sobre actos de opacidad y corrupción debidamente comprobados en contra de funcionarios, solo en cinco ocasiones se ha promovido alguna acción de tipo penal.
Los procesos de sanción a los servidores públicos se han convertido en un espectáculo que al paso del tiempo son desvirtuados. No obstante el eficiente trabajo de fiscalización no existe casi ningún resultado.
En la última década se han fincado responsabilidades a más de ochocientos funcionarios, de las cuales la mitad se encuentran aún en proceso no obstante que se trata de daños incalculables al erario, pero la gran mayoría se encuentran bajo el abrigo de la impunidad. En la entidad veracruzana crece solo de manera mediática el escándalo de las irregularidades detectadas por la ASF en el sector educativo por la suma de seis mil millones de pesos que obligaron a la inmediata renuncia de Gabriel Deantes y Edgard Spinoso.
Los datos divulgados sobre acciones penales en la mayoría de los casos piden una nueva revisión y no obstante la contundencia de los actos ilícitos no hay resultados y obviamente se generan dudas.