No hay explicación razonable de cómo una empresa como el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), que nació exitosa y que al año de establecida duplicó sus ingresos llegando a facturar cerca de quinientos millones de pesos, se encuentra a punto de la quiebra y arrastra una deuda de cientos de millones de pesos. Al grado que si no se le apoya económicamente dejaría de operar en menos de un mes.
No existe una justificación financiera de que un buen negocio del gobierno se transforme en las dos últimas administraciones en una empresa deficitaria que requiere del subsidio oficial para poder pagar su nómina de las próximas dos quincenas. No existe la menor duda que hubo malos manejos de estos dineros públicos y por ende que hay funcionarios responsables y culpables de que esta grave situación ocurriera.
Si este caso se presentara en cualquier empresa privada y se registraran este tipo de ilícitos contables, los socios y propietarios de inmediato presentarían una demanda y presentarían toda clase de pruebas convincentes para castigar a los delincuentes.
Si no hay ninguna acción que penalice estos actos de corrupción, se llegaría a la conclusión de que las propias autoridades son cómplices o, de manera incontestable, se les acusaría de encubrimiento.
Los nombres de los directores, Yolanda Gutiérrez Carlín y José Ricardo Ruiz Carmona, se manejan en los medios como responsables y por propia dignidad, así como orgullo personal, deberían responder sobre la limpieza y honestidad en el desempeño de este cargo público.
Debieran aplicar el pensamiento de Álvaro Obregón quien fuera presidente de México: “Aquí todos somos un poco ladrones. Pero yo no tengo más que una mano, mientras mis adversarios tienen dos”.
Resulta obvio que en este tipo de eventos delictuosos se requiere cierta autorización de alguien más arriba, además de la cooperación de otros personajes para que acontezca este tipo de grandes desfalcos de recursos públicos.
El problema de Ruiz Carmona es el grave hecho de haber dejado solo 300 mil pesos de los 110 millones de pesos recaudados por concepto de pago anticipado. ¿Cómo se esfumaron?
El desorden en el Congreso
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz establece que si un diputado acumula tres faltas de manera continua pierde el cargo para el que fue electo. Al parecer, no hay control y cierta complacencia a fin de que los legisladores no reciban ninguna sanción y no sean responsables de la importancia que tiene esa representación del pueblo veracruzano.
La presidenta de la Mesa Directiva, Anilú Ingram, tiene el compromiso y la obligación de exigir a sus compañeros legisladores el cumplimiento de los reglamentos del Congreso local y, en caso contrario, aplicar las sanciones que están establecidas.
El problema de la disciplina es que se mantenga en sus justos límites: la de una obediencia puntual para mantener el orden y la libertad e independencia, propias del género humano.