Lo que ocurre en Veracruz en el ámbito de la procuración de justicia es realmente preocupante cuando se observan liberaciones de presuntos responsables de homicidios por graves violaciones cometidas en el proceso, como lo han determinado magistrados del poder judicial de la federación y del estado, que van desde fabricación de pruebas, privación ilegal de la libertad, incomunicación e inclusive tortura.
Todo lo anterior muestra una rotunda violación a los principios de un debido proceso y presunción de inocencia, por supuesto, situaciones que se contraponen al respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales, a la ley general de víctimas y demás leyes emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora, entre muchos ejemplos, podemos citar el tema de liberación del presunto homicida de la periodista de Proceso Regina Martínez, sujeto que quedó en fuera de las rejas debido a las violaciones, por parte de la autoridad, cometidas en el proceso, como tortura y fabricación de pruebas.
Al caso anterior se suma la liberación de los presuntos homicidas del pastor de Coatzacoalcos, Claudio Martínez Morales, quien fuera asesinado en junio de 2013.
Fue prácticamente a los dos meses del asesinato, cuando en un comunicado oficial, boletinado a los medios, se difundía que la Procuraduría General de Justicia del Estado había logrado el esclarecimiento del homicidio del pastor de la iglesia Comunidad de Dios, con la aprehensión de tres trabajadores electricista, a los cuales exhibieron, con nombre y apellidos, como los asesinos.
Los cuatro presuntos responsables fueron ingresados al penal Duport Ostión, en Coatzacoalcos y puestos a disposición de la autoridad judicial que los requiere.
En aquel entonces, familiares de los presuntos inculpados bloquearon las entradas de la ciudad, señalando que los electricistas se encontraban en calidad de desaparecidos, ya que ni una autoridad les informó de su detención, o que existiera una orden de aprehensión en su contra.
Pero el pasado 16 de mayo, tras casi nueve meses de permanecer en el citado penal, los magistrados del Juzgado Décimo de Distrito, con cabecera en Coatzacoalcos, determinaron dejar sin efectos las pruebas presentadas por la Procuraduría de Justicia en contra de los cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.
Los magistrados tomaron dicha resolución al considerar y avalar las apreciaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las que se puntualiza que las confesiones de los cuatro trabajadores, ante el Ministerio Público, fueron obtenidas mediante tortura de parte de elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, además de haberlos mantenido incomunicados por más de 72 horas.
Según la CNDH los señalados también presentaban secuelas de maltrato psicológico, golpes físicos y aún registran estragos emocionales tras haber quedado en manos de los oficiales veracruzanos, que a punta de golpes los hicieron confesar.
De esta manera, familiares y abogados de los trabajadores de la CFE se presentaron a una audiencia en la sede del poder judicial federal de Coatzacoalcos, donde los magistrados de ese tribunal determinaron que en un plazo no mayor a 12 días, los empleados podrán dejar el encierro en el penal Duport Ostión y regresar con sus familias.
Jorge Arturo Jara García, Roberto Lara Velázquez, Adrián Zaldivar Valencia y Felipe Vicente Cortés Rodríguez ya fueron notificados que quedarán en libertad.
Ahora mediante sus abogados han solicitado la reparación del daño; además la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a la Procuraduría que se tomen acciones judiciales contra los elementos que privaron de su libertad a los electricistas y en contra de los médicos que especificaron que no tenían lesiones.
Lo anterior es una muestra más de las violaciones cometidas por autoridades, con el único afán de probar efectividad, aún por encima de lo establecido en la legislación.
El ejecutivo del estado tendrá que poner un alto a dichas violaciones porque lo único que han provocado es el descrédito de la Procuraduría de Justicia, la caída de los anteriores procuradores, pero sobre todo viciar las investigaciones y, por lo tanto, generar impunidad.
¡Asi las cosas con la procuración de justicia en Veracruz!.

@magzamu