Urge capacitación y compromiso
En el estado de Veracruz, el nuevo sistema de justicia penal adversarial que contempla los juicios orales, opera solo en cuatro municipios -Xalapa, Cordoba, Coatepec y Jalacingo- de los 21 distritos judiciales.
Apenas en el mes de abril el Congreso de la entidad determinó una vez más aplazar la entrada en vigor, para el resto de la entidad, hasta junio de 2016, que es el límite establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado en marzo por el presidente de la República Enrique Peña Nieto.
A Veracruz le pasó lo que a muchos estados de la república, donde no se cuenta con la preparación, capacitación de personal, infraestructura y disposición para que éste nuevo modelo de justicia funcione, y así, a modo de improvisación este nuevo modelo de justicia, avanza en los mencionados cuatro distritos.
Policías, procuraduría de justicia y poder judicial caminan sobre la marcha en un nuevo modelo donde el desconocimiento es aún es notorio.
Lo más grave del tema es que no son solo los poderes del Estado quienes se resisten a capacitarse en el nuevo sistema, sino los propios abogados litigantes, quienes aún consideran que este nuevo modelo no requiere mayor preparación.
Así, echando a perder, se aprende en un nuevo modelo de justicia penal donde los Derechos Humanos son lo más importante; la tortura tendrá que quedar prácticamente erradicada haciendo prevalecer en todo momento la presunción de inocencia sobre quienes pesen las denuncias por actividades ilícitas o bien quien fuera detenido al momento de cometer el hecho delictuoso.
Un sistema penal donde además queda totalmente prohibido exhibir a los probables infractores de la ley, como responsables, hasta que no se haya dictado sentencia por un juez, de lo contrario se caería en la violación del debido proceso; de ahí la importancia, como lo hemos dicho en otros ocasiones, de capacitar a los policías, quienes juegan un papel sumamente importante y si no existen conocimientos para llevar a cabo una detención legal, entonces podríamos contar con delincuentes en libertad.
De ahí la responsabilidad de capacitar a sus policías y al mismo tiempo a todos, cada uno de los que laboran en la procuraduría de justicia como policía ministerial, agentes del ministerio público, peritos y demás colaboradores, o de lo contrario el beneficio de este nuevo sistema penal podría ser contradictorio al caer en la impunidad por la ignorancia de los operadores del derecho.
Mientras eso ocurre, en el poder judicial avanza en la infraestructura que el nuevo sistema penal requiere, pero en la Procuraduría de Justicia los agentes del ministerio público laboran en condiciones de hacinamiento, en situaciones poco propicias para hacer valer las garantías que la legislación les otorga.
En un inicio se había señalado que los juicios operarían en otros distritos judiciales para el 11 de mayo de este año pero, en abril, con 35 votos a favor y 9 en contra, los diputados avalaron aplazarlo y ajustarse a lo establecido en el recién aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales, que homologa el procedimiento para todo el país, fijando como fecha límite el mes de junio del 2016.
Y así la operatividad de la oralidad en el sistema penal seguirá funcionando solo en cuatro distritos donde se esperan obtener resultados como la disminución en los ámbitos de corrupción, impunidad y prontitud, pero además proteger los derechos humanos, tanto de las victimas como de los probables responsables.

@magzamu